Una mañana de mediados de junio, Mohamed Camara, de 10 años, yacía en una cama de un centro de salud en la pequeña localidad guineana de Tamita, vestido con unos pantalones cortos de color azul brillante y una camiseta de estilo militar. Parecía febril y pequeñas gotas de sudor le resbalaban por la frente. Acababa de ser diagnosticado de malaria. Esa mañana, los padres de Mohamed lo habían llevado al centro. Ahora, ellos y su hermana pequeña estaban sentados en la cama junto a él, con aspecto angustiado. “Estábamos muy preocupados”, recuerda su padre, Alseny Camara.
Solo seis meses antes, los padres de Mohamed habrían podido llamar a un agente de salud comunitario. Esa persona habría acudido a la casa de los Camara en motocicleta, le habría extraído una gota de sangre y la habría aplicado a una prueba de diagnóstico rápido. Tras un resultado positivo, el agente de salud le habría administrado al niño una primera dosis de medicamentos y habría explicado a sus padres cómo continuar el tratamiento. Si los síntomas hubieran sido graves, Mohamed habría sido derivado al centro de salud.
Pero no ha ocurrido, porque en Guinea-Conakry, donde toda la población, de más de 14 millones de habitantes, está en riesgo de contraer la malaria, miles de trabajadores comunitarios perdieron su empleo después de que EE UU congelara repentinamente miles de millones de dólares en ayuda exterior en enero, pocos días después de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo.
