La modificación del decreto de creación y reconocimiento de universidades ―a la espera del informe de Consejo de Estado para ser aprobado en Consejo de Ministros― obliga a las privadas no solo a invertir el 5% de su presupuesto en investigación, sino a conseguir cada año el 2% de sus fondos en concursos competitivos para hacer ciencia. Pero con los mimbres actuales, resulta una quimera. El convenio laboral que acaban de suscribir las patronales y los principales sindicatos (CC OO, FSIE, UGT y USO), que no cambia las condiciones anteriores, es draconiano e inexorablemente tendrá que cambiar de cara a 2026 para cumplir la legislación, aunque suponga ganar menos al tener que aumentar la plantilla e invertir en medios.
El pacto estipula para los profesores a tiempo completo un máximo de 613 horas de docencia cada año (en realidad suelen dar 540, 15 en cada una de las 36 semanas de curso), frente a las entre 120 y 240 horas (180 de media) de los profesores titulares y catedráticos de la pública.
En otras palabras, los docentes de la privada tienen que impartir el triple de clases. ¿De dónde van a sacar las horas para investigar y hacer trasferencia de conocimiento cuando su horario no debe de sobrepasar las ocho horas? La principal patronal, ACADE ―están también CECE (Opus Dei) y Uni-on line, todas preocupadas por el impacto económico de las medidas―, reconoce que el convenio tiene “un carácter transitorio y limitado en el tiempo” por los cambios en el decreto.
