Las universidades han firmado aumentar la partida para pagar los sueldos y los gastos corrientes, mientras pierden fondos para hacer investigación
“Les anuncio que en el próximo Consejo de Gobierno se va a aprobar el séptimo Plan Regional de Investigación, Innovación y en Innovación Tecnológica [PRICIT 2026-2029] dotado con 752 millones. En definitiva, tenemos la mejor educación desde las escuelas infantiles a la Universidad”, anunció este jueves la presidenta madrileña en la Asamblea Regional. Lo que Isabel Díaz Ayuso no dijo es que el presupuesto inicial previsto por la Dirección General de Investigación no era de 752 millones, sino de 998,2.
La Consejería de Economía y Hacienda se desvincula del tijeretazo cuando se pregunta si la cuantía rebajada a Ciencia va a pagar el plan plurianual de financiación de las universidades públicas. Y también la de Educación, Ciencia y Universidades: “Programas tan importantes como el PRICIT son fruto de muchos meses de trabajo, reuniones y borradores que acaban cristalizando en el texto final que se aprueba, que es el único válido”.
El Consejo de Ciencia y Tecnología de la Comunidad de Madrid ―al que asisten, además del Gobierno autonómico, los vicerrectores de Investigación y directores de institutos científicos― tenía que haberse activado con la nueva legislatura a mediados de 2023, pero no se conformó hasta enero de 2025. Su creación era obligatoria para aprobar el siguiente PRICIT. EL PAÍS ha accedido a dos actas y el documento de trabajo que muestran que lo que se ha presentado como un hito para la educación pública madrileña supone, en realidad, una bajada de fondos sobre lo previsto inicialmente en la propuesta de la dirección general, lo que provocó las quejas de los consejeros.
