Las universidades privadas (en las que había 442.485 matriculados en total en 2023) se ha convertido en un negocio de tal calibre que sus dueños se lanzan a ofertar todas las plazas que los gobiernos autonómicos les autorizan por si consiguen llenarlas. Y cada vez tienen más éxito, porque la población universitaria ha ido en aumento sin que los campus públicos (1,3 millones de inscritos ese año) sean capaces de responder a toda esa demanda.
En muchos casos, los campus públicos están infrafinanciados y eso les dificulta abrir puestos sin renunciar a la calidad, y les falta respaldo institucional. La consecuencia es que, en este escenario, aunque solo uno de cada cuatro alumnos se matricula en una privada, estas instituciones tienen mucho margen para crecer, porque se les acaba de autorizar el 47% de las plazas totales (grado, máster y doctorado) para el curso 2025/2026. Y, más concretamente en primero de carrera, acumulan el 35% de la oferta (386.600 puestos), cuando inscriben a uno de cada cuatro, según el reparto de plazas que la Conferencia General de Política Universitaria ―que reúne a los gobiernos autonómicos y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades― autorizó la semana pasada y al que ha tenido acceso este diario.
