El poder político de Volodímir Zelenski es casi total en Ucrania. Ostenta la presidencia desde 2019, domina a placer el Gobierno y tiene mayoría absoluta en el Parlamento. Pero lo que no controla es la calle, allí donde los ucranios han demostrado desde su independencia ser indomables. El presidente se ha enfrentado por primera vez en los tres años y medio de guerra a las protestas públicas. Miles de jóvenes se han concentrado este martes en las ciudades de Kiev, Dnipró, Odesa y Lviv para cargar contra las medidas legales y las acciones de la mayoría de Zelenski que afectan a la autonomía de los organismos anticorrupción del país.
Los acontecimientos se han precipitado de una manera que era difícil de prever. Los Servicios de Seguridad (SSU) del ministerio del Interior pusieron la primera piedra del malestar cuando llevaron a cabo el lunes una redada contra la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y contra la Fiscalía Anticorrupción (SAPO). La operación fue duramente criticada por organismos civiles ucranios pero también por los aliados internacionales de Kiev, porque consideran que es una acción política para depurar la autonomía del NABU.
Otras actuaciones del Gobierno y de la oficina del presidente en las últimas semanas en el mismo sentido —la vulneración de la independencia de organismos anticorrupción— habían provocado quejas desde la sociedad civil, los medios y la oposición, pero nada comparado a lo que ha sucedido este martes en la Rada, el parlamento. La mayoría absoluta de Servidor del Pueblo, el partido de Zelenski, ha aprobado una reforma legal que anula de facto la independencia de la NABU y de la SAPO, pasando a depender la fiscalía general, controlada por el Gobierno.
