La cosecha de 2014 resultó nefasta para Francis Ngiri, un agricultor de Makongo, pequeña localidad al sur de Kenia. El azote de El Niño fue especialmente virulento ese año, con lluvias torrenciales que anegaron millones de hectáreas, entre ellas la plantación de mijo y garbanzos que Ngiri cultivaba con semillas certificadas compradas a una empresa agroindustrial. Para hacer frente al coste de las semillas y sus correspondientes insumos (fertilizantes y pesticidas químicos), Ngiri había pedido un préstamo al que no pudo hacer frente tras el exiguo rendimiento de sus tierras en aquella temporada fatídica.
Desencantado y en quiebra, Ngiri decidió volver a las semillas indígenas que los campesinos africanos llevan siglos guardando o adquiriendo mediante trueque y compraventas informales. Él ya lo había hecho, enseñado por su padre, antes de pasarse temporalmente a la agricultura intensiva. Aparte de retomar el trabajo en el campo a la vieja usanza, Ngiri creó en 2015 un banco de semillas autóctonas que, cuenta orgulloso por videoconferencia, hoy atesora 124 variedades.
En teoría, su repositorio debería servir únicamente como curiosidad antropológica o museo de prácticas agrícolas de antaño. Con la ley en la mano (la normativa original data de 2012, con actualizaciones posteriores), intercambiar o comerciar con semillas no certificadas —aquellas sin derechos de propiedad porque no son de nadie— está prohibido en Kenia. Los castigos oscilan entre multas de 240 euros y penas de cárcel de hasta dos años. “Aún no se han producido arrestos, ya sea por falta de voluntad política o por la discreción de los agricultores, pero el peligro está ahí”, explica Ngiri. Un resquicio habitual para sortear la ley, prosigue, es que las semillas sin certificar se oferten en forma de grano, es decir, como alimento directo.
