Tres acontecimientos graves intentaron demoler nuestra Constitución: el terrorismo de ETA, el golpe de Estado del 23-F de 1981 y el procés independentista catalán de 2014 a 2017. El primero fue el más sangriento; el segundo, el más absurdo; el tercero, el más insidioso. Todos fueron delictivos: sentenciados y condenados.
La astucia en el procés consistió en dar la vuelta al calcetín y demandar tras la sedición, sin tregua, favores o exigencias al Gobierno, que siempre terminaba cediendo. La penúltima petición fue la amnistía.
Ante ella había dos posiciones enfrentadas: la de amnistiar a los sediciosos y la de negársela. La primera fue defendida por el “sanchismo” en el poder; la negativa, por los “antisanchistas”. Con un estrecho margen de dos votos (177 a 172) se aprobó la amnistía, previas manifestaciones varias de protesta. Contra ella interpuso el Grupo Popular recurso de inconstitucionalidad. Los magistrados del Tribunal Constitucional afines al “sanchismo” eran mayoría; los contrarios, minoría. Los primeros fueron llamados “progresistas”; los segundos, “conservadores”. Así sonaba mejor.
¿Qué iba a pasar al final? La Constitución no hablaba de amnistía, pero mencionaba tres veces un derecho o prerrogativa “de gracia”. Además, prohibía los “indultos generales”. Se abría una gran incógnita. El Tribunal tendría que “construir” una respuesta.
