La Comisión Europea busca impulsar la competitividad de las empresas europeas sea como sea durante esta legislatura. Ha apostado por rebajar las cargas administrativas del sector privado y este martes, además, ha aprobado una nueva regulación de ayudas de Estado que busca incentivar con dinero público la transición de la industria hacia una economía descarbonizada. Estas nuevas condiciones, que estarán vigentes hasta 2030, permiten, entre otras cosas, que los Gobiernos puedan dar subvenciones a las compañías ”particularmente expuestas al comercio internacional y que dependan mucho de la electricidad en su producción", según apunta el Ejecutivo comunitario. Los nuevos criterios no precisan pasar por el Consejo de la UE ni el Parlamento, puesto que las competencias de ayudas de Estado corresponden a la Comisión.
El argumento que se utiliza para defender este paso es que “se permitirá a los Estados miembros reducir los costes” que afrontan la industria europea frente a la de aquellas zonas del mundo en las que las exigencias medioambientales son menores. A cambio, tendrán que adquirir el compromiso de invertir en su proceso de descarbonización para que la UE logre sus objetivos de lograr una economía neutra en carbono en 2050.
