En pocos campos como en las ayudas de Estado se ve en la Unión Europea la lucha de los intereses nacionales en juego. Normal. En juego está el mercado único: si un Estado miembro puede repartir dinero a sus empresas y otros no pueden, la competencia no es real. Y en esa disputa la árbitra es la española Teresa Ribera (Madrid, 56 años), vicepresidenta de la Comisión Europea para la Transición Limpia y máxima responsable de la Competencia europea. La exministra de Transición Ecológica lleva meses preparando una regulación nueva que ayude al sector privado europeo a navegar durante los próximos años en la transición hacia la economía descarbonizada en la que cree con la fe del creyente: “Queremos acompañar a la industria en su transformación, acelerar el sistema energético y para eso vamos a utilizar todas las herramientas a nuestra disposición”, explica a EL PAÍS, “pero también intentamos garantizar un equilibrio, evitar que los grandes con bolsillos más potentes se beneficien y los pequeños queden al margen“.
Cada vez que Bruselas anuncia un cambio en la regulación de ayudas de Estado se sucede una cadencia de acontecimientos parecida, capitales enviando cartas con su listado de demandas a la Comisión. Alemania, la gran locomotora europea ahora con problemas y el país que más dinero inyecta a su sector privado, más de la mitad de toda la UE, envió una misiva en septiembre reclamando barra libre. Su nuevo canciller, el conservador Friedrich Merz, ha anunciado inversiones y gasto público para reanimar la economía germana. “Todos queremos que Alemania recupere la confianza en su capacidad industrial. Obviamente, es importante hacerlo también dentro del marco de las reglas comunes en el ámbito europeo. Creo que lo han entendido bien. Así que las iniciativas que quieran desarrollar irán más rápido si se ajustan a este nuevo marco”, explica Ribera, quien viajó a Berlín durante la elaboración de este nuevo marco legal.
