El apagón masivo del pasado 28 de abril, a falta de una explicación transparente sobre las causas que lo provocaron y, por tanto, de un plan para prevenir que se repita, ha arrojado dudas sobre el diseño del sistema energético español. España ha liderado en los últimos años las inversiones en energías renovables, en busca de un modelo energético más sostenible y para reducir la dependencia exterior. Las eléctricas han aprovechado la brecha de confianza que ha abierto el apagón para presionar en favor de una revisión de los plazos de cierre de las centrales nucleares, aunque no tienen una posición unánime. La realidad es que el debate a favor de la energía nuclear avanza a nivel global, y también en España.
El próximo viernes se celebra la junta de accionistas de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT), en la que las eléctricas propietarias de la planta extremeña (Endesa, Iberdrola y Naturgy) debatirán la posible prórroga de la vida útil de las instalaciones más allá de la fecha de cierre prevista, entre 2027 y 2028. A partir de ahí, y hasta 2035, se irían desconectando progresivamente las centrales de Ascó I y II, Vandellós II, Cofrentes y Trillo. La semana pasada, Endesa e Iberdrola presentaron al Ministerio para la Transición Ecológica una propuesta para revisar el calendario de cierre de las nucleares, en la que no se cambia la fecha final de clausura de todo el parque nuclear —2035—, pero se modifican los plazos de cierre escalonado para alargar su vida útil. En concreto, Endesa e Iberdrola proponían que Almaraz siga operativa hasta 2030, con el argumento de que así se reforzaría la seguridad y la estabilidad del suministro eléctrico. El PP ha revivido también la batalla política en el asunto y mañana llevará al Congreso una propuesta contra el calendario de cierre de las nucleares.
