Un año después del apagón, el Gobierno y Red Eléctrica aún no nos han explicado la causa, pero han pedido a la Comisión Europea que apruebe un plan de ayudas de Estado para evitar más apagones en el futuro. El plan lo ha aprobado la comisaria de Competencia, que fue la ministra de Energía desde 2018 y la máxima responsable del apagón. Y el coste de ese plan lo vamos a pagar los consumidores, a los que nos tratan como a un rebaño de ovejas: nos dicen dónde tenemos que ir, pero no nos explican la causa. Red Eléctrica, con el permiso del Ministerio de Transición Ecológica y de la CNMC, ya está aplicando ese plan y el coste de nuestra factura eléctrica ha subido significativamente. En lo que va de 2026, los consumidores españoles estamos pagando un sobrecoste en nuestra factura de electricidad de 20 euros por megavatio hora consumido y ya acumula más de 2.000 millones de euros de coste adicional en nuestra factura. Cuando vemos los casos de corrupción, nos escandaliza el dinero que roban, pero el daño que hace la ineficiencia de sus decisiones es infinitamente mayor. El coste de no elegir a los responsables en el sector público —en el privado también— por méritos y elegirlos por fidelidad al líder o al partido también es elevado. El cambio tecnológico en la energía beneficia a España, ya que la forma más barata de producir electricidad es el sol y el viento, y España tiene las mejores condiciones de sol y viento de Europa. En el Informe Draghi, la energía es clave para mejorar la competitividad y eso se traduce en más empleo industrial, salarios y cotizaciones a la Seguridad Social más altos para poder seguir pagando pensiones, sanidad y educación. Si Europa y España no mejoran su competitividad, la industria europea seguirá perdiendo cuota de mercado global frente a China y habrá que recortar los salarios, las pensiones, la sanidad y la educación. En 2018, Pedro Sánchez cometió uno de sus errores estratégicos más graves al sacar la energía del Ministerio de Industria y crear un superministerio de Transición Ecológica con una vicepresidencia. Como nos enseñó Keynes, el peligro son las ideas y no los intereses creados. Al frente de ese ministerio puso a Teresa Ribera, protegida de Cristina Narbona, presidenta del PSOE. Ambas son escolásticas del cambio climático y su único objetivo es reducir las emisiones contaminantes y la competitividad queda supeditada a ese objetivo. Salvo en el caso de la energía nuclear, que no emite dióxido de carbono y tiene un coste de generación más barato que el gas, pero las centrales se cierran porque ambas son antinucleares y Pedro Sánchez lo permite para mantener su relato de Gobierno verde. El diseño de la transición energética se basaba en la electrificación, para reducir el consumo de gas y petróleo, y en la generación de electricidad con energías renovables. Las renovables son intermitentes y la demanda eléctrica se debe atender cada nanosegundo y, si no se hace, hay riesgo de sobretensión y/o de apagón. Eso es lo que pasó el 28 de abril de 2025 y por eso todos los españoles nos quedamos sin luz. Opinión El próximo Gobierno que decidan los españoles debe volver a integrar la energía en el Ministerio de Industria y recuperarla como uno de los principales vectores de competitividad. Además, debe revisar toda la regulación desarrollada en la última década y simplificarla para que la ventaja comparativa de menor coste energético en España se aproveche por nuestras empresas industriales y atraigamos inversiones de industrias europeas que vengan a España a crear empleo industrial para mejorar su competitividad. Y si consiguen electrificar la economía, además de crear mejores empleos con mayores salarios, se reducirán las emisiones contaminantes y España contribuirá a mitigar los efectos del cambio climático. Hay que simplificar el desorden actual entre el Ministerio, Red Eléctrica y la CNMC, que solo sirve para diluir la responsabilidad y retrasar hasta la desesperación las decisiones. España tiene medio millón de kilómetros cuadrados y la extensión necesaria para cumplir la planificación eléctrica y la generación con renovables apenas llega al 1 % de ese territorio. Hay cientos de miles de metros cuadrados de suelo disponibles para instalar fábricas, pero no hay enchufes. España tiene los mejores ingenieros y empresas de gestión de redes del mundo, pero no hay enchufes para poner fábricas por la incapacidad de las personas que están al frente del Ministerio de Transición Ecológica, de Red Eléctrica y de la CNMC. También es determinante la coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que son los responsables de dar las licencias y las autorizaciones, principalmente de impacto ambiental, donde está el principal cuello de botella. Planificar una red eléctrica en la nueva realidad de generación descentralizada tiene una enorme complejidad. Se hace una planificación cada cinco años en la que se dice quién y cómo va a consumir, cuánto y cómo producirlo. Así empieza un curso de introducción a la economía. Cada consumidor no puede responder a esas preguntas individualmente, ya que para ninguno sería rentable desarrollar red solo para él, y la intervención del Estado en la planificación territorial y de la red de alta tensión es determinante. Pero esa planificación debe ser compatible con las necesidades de los consumidores y con dar una remuneración suficiente al capital, tanto de Red Eléctrica en alta tensión, como de las empresas que hacen la distribución en media y baja tensión. Opinión Las necesidades de los consumidores apenas se han tenido en cuenta para la planificación desde 2025 hasta 2030 por el Ministerio y Red Eléctrica. Por ejemplo, se ha priorizado el consumo de hidrógeno, una tecnología inmadura e incierta, frente al desarrollo de suelo industrial y para nuevas viviendas. Y la CNMC, incomprensiblemente, ha decidido bajar la rentabilidad del capital de las inversiones. Pero el mayor problema es la incapacidad del Ministerio y de Red Eléctrica para cumplir su planificación, y las comunidades autónomas y ayuntamientos son corresponsables. Según un informe de PwC, el 70 % de las subestaciones en España tienen retrasos en su ejecución. El retraso medio es de siete años; es decir, se están ejecutando ahora subestaciones que se deberían haber hecho en 2019. La mitad de las subestaciones tiene al menos un retraso de cinco años, o sea, del periodo de planificación anterior, y el 25 % de más de diez años, es decir, de dos periodos de planificación anteriores al actual. La regulación y la burocracia son un problema, sin lugar a dudas, pero hay una enorme dispersión por comunidades autónomas. En Asturias y Navarra el retraso medio es de cuatro años, mientras que en Murcia y La Rioja es de once y doce años, respectivamente. ¿Qué pueden aprender el resto de comunidades autónomas de Asturias y Navarra para reducir los plazos al menos a la mitad? ¿Qué pueden hacer Asturias y Navarra para reducir aún más su burocracia? ¿Qué debe cambiar en el Ministerio y en Red Eléctrica para desatascar el principal cuello de botella de la economía española? ¿Por qué la CNMC penaliza el desarrollo de red bajando la rentabilidad esperada de las inversiones y ha condenado con su modelo a la España despoblada a no tener red eléctrica de alta tensión? A España le sobran enchufes de puestos nombrados a dedo sin méritos y le faltan enchufes para conectar fábricas. Esta debe ser una prioridad del próximo Gobierno si queremos mantener el gasto en sanidad, en educación y en pensiones. Un año después del apagón, el Gobierno y Red Eléctrica aún no nos han explicado la causa, pero han pedido a la Comisión Europea que apruebe un plan de ayudas de Estado para evitar más apagones en el futuro. El plan lo ha aprobado la comisaria de Competencia, que fue la ministra de Energía desde 2018 y la máxima responsable del apagón. Y el coste de ese plan lo vamos a pagar los consumidores, a los que nos tratan como a un rebaño de ovejas: nos dicen dónde tenemos que ir, pero no nos explican la causa.