La opinión pública cuenta por fin con una explicación oficial sobre la secuencia de acontecimientos que acabó provocando el gran apagón que dejó sin electricidad toda la península Ibérica el 28 de abril. Las autoridades españolas y europeas ya habían apuntado a oscilaciones en el sistema eléctrico continental y a diversos episodios de sobretensión en la red que no se lograron encapsular como posibles causas de que España y Portugal se quedaran a oscuras a las 12.33 de aquel lunes. Pero faltaba un relato detallado de los hechos y una atribución de responsabilidades para analizar dónde estuvieron los errores y, sobre todo, para evitar que aquello se repita. Por ahora, ese objetivo se ha cumplido solo a medias.
El documento presentado este martes en el Consejo de Ministros reparte responsabilidades del cero eléctrico entre el operador del sistema, Red Eléctrica Española (REE) —por una deficiente planificación— y las empresas energéticas —por un funcionamiento anómalo de centrales que deberían haber amortiguado la sobretensión de la red—. Sin embargo, atendiendo a la confidencialidad que piden las compañías, el Ejecutivo evita aclarar qué plantas fallaron y a qué empresas pertenecen. De hecho, hay numerosas partes de las 182 páginas del informe que han sido tachadas, lo que denota una falta de transparencia desde la Administración o un exceso de cautelas legales.
