Tras multitud de informes sobre el incidente y agrias acusaciones, la CNMC ve indicios de infracción muy grave en REE, mientras los costes del sistema se han disparado
El 28 de abril de 2025 amaneció soleado y con temperaturas templadas en toda la península Ibérica. La demanda prevista de electricidad era reducida, unos 26 gigavatios (GW), y la oferta de generación más que suficiente para cubrirla. Nada hacía presagiar que, a partir de las 12.32, ajenos a lo que pudiera haber ocurrido, millones de consumidores se dirigirían al cuadro eléctrico de sus casas
insula.html" data-link-track-dtm="">para comprobar el automático pues se habían quedado sin luz. El caos en el transporte no tardó en aparecer: muchos pasajeros se vieron atrapados en trenes sin suministro eléctrico o en vehículos que no podían avanzar ante semáforos apagados. Las industrias pararon su producción y la inmensa mayoría de los negocios tuvo que echar el cierre. Para mayor asombro de los usuarios, también los teléfonos móviles y los equipos informáticos dejaron de funcionar.
Poco a poco se fue aclarando lo ocurrido: España y Portugal (salvo sus respectivas islas) y pequeñas zonas del sur de Francia habían sufrido lo que en el argot sectorial se denomina un cero eléctrico, esto es, un apagón total que dejó sin energía a 36 millones de consumidores (o puntos de suministro): 30 millones en España y 6 millones en Portugal. El servicio no se recuperó totalmente hasta la madrugada del día siguiente, aunque la reposición fue desigual.
