La compañía presenta un plan récord de inversiones en el país, pero lo condiciona a que el Ejecutivo realice cambios normativos para desbloquear los cuellos de botella del sistema

España vive una aceleración estructural de su demanda eléctrica. La electrificación del transporte y la industria, la proliferación de centros de datos y el repunte de la actividad económica están elevando las necesidades de conexión en un sistema diseñado para otra era. En ese contexto, Endesa presentó el 24 de febrero su mayor plan inversor en 12 años —10.600 millones de euros hasta 2028—, pero l...

o hizo con una advertencia explícita: más de la mitad del esfuerzo depende de un cambio regulatorio aún en diseño.

El grupo, controlado en un 70% por la estatal italiana Enel, cerró el ejercicio con un resultado bruto de explotación (ebitda) de 5.800 millones de euros y un beneficio ordinario de 2.300 millones, lo que permitirá proponer un dividendo un 20% superior al del año anterior.

Coincidiendo con los resultados, la eléctrica detalló su plan estratégico 2026-2028, con más del 50% de la inversión destinada a la renovación y adaptación de una red eléctrica cada vez más tensionada. Pero el foco de los analistas se centró en los condicionantes regulatorios. Recordemos que la compañía mantiene un pulso con la CNMC por la retribución que el organismo estableció en diciembre por las redes de distribución eléctrica (del 6,58%, frente al 7,5% que exigía el sector). De esa retribución depende más de un tercio del resultado de explotación de la compañía italiana, y por ese motivo Endesa se mostraba reticente a impulsar nuevas inversiones en el país. El anuncio viene a poner cierta paz entre la empresa y el Ejecutivo, que a su vez parece más proclive a introducir la flexibilidad que demandaban las eléctricas en unas inversiones que, a la postre, pagan los ciudadanos en el recibo de la luz. “Más de la mitad de los recursos, 5.500 millones, se destinarán a reforzar la red”, explicó la compañía. “Un escenario que se supedita a la aprobación del anunciado real decreto que permita elevar las inversiones por encima de los límites actuales y que se garantice el reconocimiento del 100% de las inversiones realizadas”.