A medida que se acerca el momento de empezar a desmantelar el parque nuclear español, aumenta la tensión entre las partes afectadas por esta clausura pactada entre empresas y Gobierno en 2019. A dos años vista de que se ejecute el primer cierre, uno de los grupos de la planta atómica de Almaraz (Cáceres), las empresas mueven ficha para tratar de replantear el calendario de actualmente está acordado de 2027 a 2035.
El Gobierno se ha mostrado receptivo, al menos, a analizar la propuesta que le llega en lo que entiende es un ejercicio de responsabilidad. Sin embargo, el Ejecutivo ha marcado una línea roja y es que esa prolongación no acabe teniendo un coste añadido para los consumidores. Así lo expresó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en sede parlamentaria el pasado mes de mayo y así lo ha trasladado por carta la vicepresidenta Tercera, Sara Aagesen, a las eléctricas por carta en las últimas semanas.
Iberdrola y Endesa, que están liderando esta propuesta ante el Ejecutivo, quieren que la prórroga nuclear pase por una rebaja de impuestos que actualmente paga esta tecnología. Según aseguran, la operativa a futuro es inviable para las compañías si se mantienen gravámenes como el del combustible gastado, las ecotasas autonómicas o la tasa Enresa, una prestación destinado a cubrir los costes de desmantelamiento.
