El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha propuesto que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se siente en el banquillo para someterse a juicio por un delito de revelación de secretos. Le acusa de haber facilitado a los medios de comunicación información confidencial relativa al procedimiento iniciado contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El origen del caso está en el momento en el que la Fiscalía Provincial de Madrid presentó una querella contra González Amador por un doble fraude fiscal, lo que se conoció públicamente en marzo de 2024. Una vez que la pareja de Ayuso admitió el fraude ante Hacienda y supo que terminaría encausado, su abogado envió un correo al fiscal del caso en el que admitía dos delitos contra la Hacienda Pública y proponía pagar una multa a cambio de rebajar la pena prevista desde al menos dos años de cárcel a solamente ocho meses. La Fiscalía le contestó, también por correo, que podían emprender las conversaciones para llegar a un acuerdo, sin más detalles.
Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, filtró a varios medios este segundo correo, pero omitió el primero, lo cual llevaba a inferir que la propuesta de acuerdo partía de la Fiscalía y no del acusado. Tras esa manipulación, otros medios periodísticos restituyeron la verdad y contaron que la oferta de conformidad —un trámite perfectamente legal en delitos fiscales— había partido del defraudador confeso. Al día siguiente, el fiscal general del Estado ordenó difundir una nota que ratificaba la versión veraz de los hechos y detallaba la cronología de lo sucedido. Alberto González Amador y el Colegio de Abogados de Madrid se querellaron contra la Fiscalía por, supuestamente, revelar esas comunicaciones. Ocho meses después, el instructor del Supremo ha decidido someterlo a juicio.
