Inhibir la participación de narcocandidatos en las elecciones, escribe Francisco Rivas

Como parte del Operativo Enjambre -una política de seguridad y justicia impulsada por el gobierno federal que busca combatir actividades criminales que involucran a autoridades- se detuvo a integrantes de una narcored de corrupción en Morelos, vinculada al Cártel de Sinaloa. Los detenidos -además de un alcalde que se encuentra prófugo- incluyen a alcaldes, exalcaldes y funcionarios municipales. Desde su puesta en marcha dicho operativo ha permitido la captura de diversas autoridades ligadas a la delincuencia organizada en 9 municipios de 5 entidades. Los delitos que se persiguen incluyen el desvío de recursos públicos, la extorsión, las privaciones ilegales de la libertad e incluso los homicidios. En el último caso, el de Morelos, también se persigue la participación del Cártel de Sinaloa en los procesos electorales de 8 municipios en 2024, mismos que garantizaron la victoria de algunos de los detenidos. De todas las formas de penetración de la criminalidad en la vida pública de una nación, aquella que ocurre mediante la intervención en los procesos electorales, es la que más debe preocupar. Si bien todo acuerdo clandestino entre un delincuente y una autoridad es dañino, la abierta simbiosis entre grupos criminales y poder político mediante procesos electorales, es el más que genera problemas. Cuando una autoridad llega al cargo, gracias a la intervención de los delincuentes se pone en riesgo la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad ciudadana. Un “narcopolítico” nunca llega solo, impone una red que instaura todo un sistema de ilegalidades. Cuando el poder político es capturado por la delincuencia, las normas, nombramientos, la puesta en marcha de políticas públicas e incluso la definición de los presupuestos públicos, se ajustan para beneficiar la actividad criminal. Es por ello que la presidenta Sheinbaum anunció que presentará una iniciativa de ley para evitar que personas ligadas a la delincuencia organizada sean candidatos de elección popular. Según la mandataria, el proyecto pretende conformar una comisión de verificación de integridad de candidaturas, ella dependerá del Instituto Nacional Electoral (INE) y será conformada por cinco consejeros electorales, elegidos por su Consejo General, Dicha comisión consultará la información que el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores puedan tener sobre cada uno de los aspirantes a una candidatura. Ello permitiría proveer de información a los partidos acerca de sus potenciales candidatos para que así tomen las decisiones que consideren oportunas. Si bien el proyecto aún no ha sido presentado, es positivo atestiguar que el Gobierno Federal tenga la intención de atacar el mayor problema de nuestra sociedad: la captura del Estado por parte de los delincuentes. No obstante, también es oportuno señalar que hasta el momento la propuesta adolece de algunas deficiencias. Por un lado el proyecto debe ser fortalecido y por el otro se debe prever cómo hacerlo cumplir. Para fines de fortalecer la propuesta de la presidenta se debería incluir un análisis más amplio del entorno familiar y social de los posibles candidatos. Se debe establecer algún tipo de sanción para que el partido político que decidiese ignorar información comprometedora sobre un candidato. De la misma manera, la propuesta debería incluir que la Comisión consulte a las diversas agencias internacionales. Si tomamos como ejemplo lo que hoy ocurre con el caso de Sinaloa, podemos entender la importancia de revisar la información con la que cuenten gobiernos extranjeros. Mientras que en nuestro país ninguna institución se dio a la tarea de investigar las evidencias de colusión del gobernador con licencia, Rubén Rocha, del Senador Enrique Inzunza, del alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gómez y de otros 7 funcionarios, el gobierno de los Estados Unidos los persigue por su probable colusión con el Cártel de Sinaloa. Además, la iniciativa debe incluir mecanismos de cumplimiento de la ley. De nada sirve tener un marco regulatorio para inhibir la participación de candidatos ligados a la delincuencia organizada en los procesos electorales, si no se subsanan las deficiencias institucionales que permiten tales hechos. Por ejemplo, se deberían establecer mecanismos para que la observación electoral, las denuncias ciudadanas o las de opositores, tengan un peso real en la definición de validez de una elección por parte de los tribunales electorales. Recordemos que la delincuencia puede llegar a capturar a un candidato de muchas maneras y en varias partes del proceso. Asumir que alguien que no tenía algún posible nexo con los delincuentes, no puede ser captado mediante la compra de su voluntad o por el uso de violencia, es ingenuo. De nuevo, se debe celebrar la intención del Ejecutivo Federal de limpiar la política mexicana de aquellos personajes ligados a los delincuentes sin olvidar (1) que el proyecto necesita ser más robusto y (2) que se requieren más acciones inmediatas en contra de aquellas autoridades en funciones, que ya colaboran con la delincuencia organizada Hoy, sin que aún haya sido presentada la iniciativa, el gobierno federal podría hacer muchísimo. Hay varios señalamientos e indicios de colusión de los criminales con varios gobernadores en funciones, con funcionarios y exfuncionarios y parece que a nadie le interesa investigarlos y sancionarlos. Si bien el Operativo Enjambre ha dado algunos golpes, la tarea pendiente es mucha y hasta el momento sólo se han detenido a políticos menores, de pequeños municipios y no a los importantes políticos que integran la gran red de corrupción que gobierna nuestro país.Únete a nuestro canal

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