La presidenta Sheinbaum ya tuvo varios descalabros con las reformas que propuso antes para hacerse del control electoral –como si de veras necesitara más– y, sin embargo, ahora ha decidido convertir las acusaciones que pesan sobre su partido, en armas contra sus oposiciones. Fraseada desde sus conferencias mañaneras, la nueva propuesta de reforma electoral suena bien: que no haya candidatos apoyados por el crimen organizado y que ningún país se meta en las decisiones que solo competen a las y los mexicanos. ¿Quién podría oponerse a esas restricciones? Para salvaguardar lo primero, se les ocurrió crear una comisión de cinco integrantes del Consejo General del INE que, convertidos en Eliot Ness, revisarán expedientes, antecedentes y relaciones de cualquier candidatura que lo solicite o sea sospechosa. Pero, claro, como las personas que integran el INE no son detectives ni policías, la iniciativa propone que consulten a la UIF, a las fiscalías, a la Secretaría de Seguridad, o a cualquier otra autoridad del gobierno para hacerse de datos e indicios. Si alguna de esas fuentes presume que hay posibles vínculos con alguna organización criminal, la candidatura sería cancelada. Repito y subrayo: no sería necesario un juicio. Bastará que cinco consejeras o consejeros consideren que hay dudas derivadas de la información proveída por el gobierno, para cerrar el paso a los o las imputadas. Difama, dice el refrán, que algo queda. La segunda parte es aún mejor: las candidaturas que hayan ganado algún cargo –el que sea: legisladores, municipios, congresos locales, gubernaturas o presidencia– podrían ser impugnadas por haber recibido cualquier tipo de apoyo del exterior. Literalmente, cualquiera: no solo dinero, sino opiniones favorables en redes, comentarios afines de algún funcionario o menciones en medios. Todos los partidos (o cualquier persona) podrán aportar evidencias para probar esa intervención. ¿Y quién la calificará? El Tribunal Electoral, por supuesto, cuya falta de imparcialidad y cuya sumisión al poder Ejecutivo ha quedado demostrada y reiterada varias veces. Harán lo que se les ordene. Empero, ese proyecto de reforma es un error esférico. Algún Maquiavelo de Palacio urdió la idea de aprovechar las acusaciones de los Estados Unidos por los supuestos vínculos entre el gobierno y los cárteles, para darle la vuelta e imponer una aduana discrecional para el registro de candidatos. La estratagema no venía en ninguna de las iniciativas previas, pero aprovechando que Estados Unidos ha exigido que se rompa cualquier relación con el crimen organizado, ¿por qué no prohibir las candidaturas de otros partidos? Y ya que estamos en plan de defender la soberanía del país, ¿por qué no anular además cualquier elección a la que se le impute haber recibido cualquier respaldo del exterior? Es evidente que el (o la) Maquiavelo que diseñó esa estrategia cuenta con la obsecuencia del INE cuyos integrantes han sido capturados por el régimen, con el Tribunal Electoral y, obviamente, con las autoridades que controla la Presidencia de manera directa. Si esos candados se llevan a la ley, nadie podrá decir que no se está cumpliendo a cabalidad con las normas y que no se está salvando a la patria de sus males mayores: la influencia del crimen organizado y la presión de los Estados Unidos. La consigna ya está escrita y, como siempre, la escucharemos mil veces repetida por los voceros de la 4T. Lo que no dirán es que será el gobierno y sus instituciones anodinas quienes decidirán qué candidaturas pasan y qué elecciones deben anularse. Tendrán el mango, la sartén y el fuego para acusar y excluir a quien les venga en gana. El blindaje será completo: los narcos y los vendepatrias serán siempre los otros, porque no somos iguales. Únete a nuestro canal¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más