Agencias de seguridad, inteligencia y procuración de justicia serían las instancias responsables de determinar si un aspirante a un cargo público representa un “riesgo razonable” de mantener vínculos con actividades delictivas, mediante una metodología y criterios establecidos por ellos mismos, según la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso este viernes.La propuesta establece que la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas con cinco consejeros del INE solo sería un enlace entre partidos y las instancias de seguridad, por lo que la autoridad electoral no realizaría investigaciones ni decidiría sobre quién representa un “riesgo razonable”.El documento no establece una definición legal estricta sobre qué constituye un riesgo razonable, sino que delega a instancias de seguridad e inteligencia del Estado la elaboración de criterios para evaluar a los candidatos.La propuesta presidencial entrega estas nuevas atribuciones a instituciones de seguridad dominadas por el o la titular del Poder Ejecutivo: Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).