La propuesta presidencial que busca cerrarle la puerta a la infiltración de la delincuencia organizada en las elecciones comenzó a generar resistencias, aún antes de iniciar su trámite legislativo. La presidenta Claudia Sheinbaum envió la semana pasada al Congreso una iniciativa de reforma a la ley electoral para crear una comisión de verificación de candidaturas en el Instituto Nacional Electoral (INE), encargada de coordinar evaluaciones de riesgo elaboradas con información reservada de autoridades de seguridad, inteligencia financiera y procuración de justicia. Una especie de filtro, confidencial y voluntario, para que los partidos puedan saber con anticipación si un posible candidato tiene nexos con actividades delincuenciales. Los cambios a la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales (LGIPE) comenzarán a procesarse este martes en comisiones de la Cámara de Diputados y se prevé que sean aprobados en el periodo extraordinario de sesiones convocado para esta semana, en el que también está contemplada la aprobación de las modificaciones a la reforma judicial. Sin embargo, el INE ha puesto un primer pero a la propuesta de Sheinbaum, al advertir de los riesgos institucionales que podrían correrse si se obliga a la autoridad electoral a asumir funciones que impliquen juzgar o determinar la probidad de una persona. “El INE no puede, ni debe, convertirse en juez y parte de una contienda política. Nuestra función constitucional es organizar elecciones, garantizar condiciones de equidad, certeza, legalidad y transparencia. Nuestra función no es validar la integridad de las candidaturas ni calificar los antecedentes de los aspirantes”, alertó la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, en un pronunciamiento leído el lunes después de analizar la iniciativa con el resto de consejeros electorales.La iniciativa presidencial establece que no se busca que el INE sustituya funciones ministeriales ni judiciales, pero las consejeras encontraron riesgos para garantizar la neutralidad a la que está obligada la autoridad electoral, pues su naturaleza es estrictamente administrativa en la organización de elecciones con legalidad, certeza y transparencia.La Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas que propone Sheinbaum se sumaría a las nueve comisiones con las que opera actualmente el INE y estaría formada por cinco consejeras y consejeros, con una presidencia rotativa de un año. En el proyecto de ley se dice, textualmente, que tendrá por objeto realizar el análisis de riesgo de los perfiles de candidatas y candidatos a cargos de elección popular “en coordinación con las instancias competentes en materia de seguridad, inteligencia y procuración de justicia”.El procedimiento no será obligatorio para los partidos políticos, que libremente podrán decidir si someten a revisión a todos, solo a algunos o a ninguno de sus posibles candidatos. Y los resultados tampoco serán públicos, pues únicamente se comunicarán a las dirigencias partidistas o a candidaturas independientes bajo criterios de estricta confidencialidad. La propuesta presidencial, que se discutirá este martes en comisiones y el miércoles en el pleno de la Cámara de Diputados, sostiene que el objetivo es impedir la infiltración del crimen organizado en la política sin vulnerar la presunción de inocencia ni sustituir funciones judiciales.La iniciativa llegó el viernes al Congreso, un día después de que Morena echara a andar su maquinaria legislativa para aprobar un periodo extraordinario en el Congreso a fin de discutir la reforma judicial empujada por Sheinbaum. En su exposición de motivos, la presidenta mexicana ha sostenido que el objetivo es dotar a los partidos políticos de “herramientas objetivas y formales” para tomar decisiones sobre los perfiles que postulen y evitar que personas vinculadas con actividades delictivas lleguen a las boletas electorales. En el mismo apartado se establece que la propuesta pretende “generar mayor confianza ciudadana” y fortalecer la legitimidad de los procesos electorales.En caso de aprobarse, la nueva comisión del INE tendrá facultades para recibir los listados de personas que pretendan competir por cargos federales o locales y remitir esa información a autoridades como la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y las fiscalías de los Estados, para que proporcionen la información que permita el análisis de riesgo y la evaluación de los perfiles. En el texto se insiste en diferentes momentos en que el procedimiento será voluntario. Los partidos decidirán si someten a revisión a la totalidad o solo a una parte de sus aspirantes, además de que la información recabada tendría carácter confidencial. Sin embargo, el proyecto abre la puerta a que dependencias de seguridad y procuración de justicia emitan alertas sobre posibles riesgos relacionados con delincuencia organizada o actividades ilícitas. De acuerdo con la iniciativa, las autoridades participantes podrán advertir a la comisión sobre la “existencia o no de un riesgo razonable” respecto de determinados perfiles, aunque sin detallar públicamente el origen de la sospecha ni el contenido de las investigaciones. Cada fuerza política establecerá los mecanismos para que las personas postuladas manifiesten su consentimiento a ser sometidas al análisis de riesgo. De acuerdo con los artículos transitorios, estas dependencias deberán definir la metodología y los criterios técnicos para determinar cuándo existe un “riesgo razonable” de vínculos con actividades delictivas. La intención es que esta modificación entre en vigor de inmediato, para que pueda operar desde las elecciones de 2027, en las que se renovará la Cámara de Diputados, 17 Gubernaturas, 30 Congresos locales y ayuntamientos de 31 Entidades. Sheinbaum apuesta por convertir la “integridad” de las candidaturas en un asunto de Estado en un momento en que Morena, el partido gobernante, enfrenta cuestionamientos cuesta arriba sobre los perfiles que gobiernan bajo sus colores en distintas regiones del país. La propuesta surge en medio de la crisis política desatada por los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios del Estado por presuntos vínculos con el crimen organizado. En ese contexto, el Gobierno de Sheinbaum defiende la reforma como una herramienta preventiva para contener la infiltración criminal en los procesos electorales, un fenómeno que se ha expandido en los últimos años y que ha dejado una estela de amenazas, asesinatos y presiones contra candidatos y autoridades locales en distintas regiones del país. Sin embargo, PRI, PAN y MC han anticipado su voto en contra, por considerar que puede ser un mecanismo selectivo para atacar postulaciones de la oposición.