Los atentados del 11 de septiembre de 2001 propiciaron grandes cambios en Estados Unidos a nivel social, político y judicial. Fue un hecho sin precedentes y el increíble impacto y trauma que provocó obligó a examinar a fondo cómo funcionaba Estados Unidos para prevenir el terrorismo y evitar que algo así volviera a ocurrir. Uno de los cambios más significativos fue la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en marzo de 2023, que siguió a las investigaciones que realizó el Congreso sobre los ataques y que duraron dos años. Algo había fallado en el sistema. Los terroristas habían conseguido visados para entrar en el país y, en último término, habían esquivado sin problemas el control de pasaportes del aeropuerto. “El fallo que pusieron de manifiesto los atentados del 11 de septiembre fue que no se impidió a aquellos secuestradores entrar en el país y, posteriormente, embarcar en los aviones”, apunta Doris Meissner, quien fue comisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) entre 1993 y el año 2000, durante el Gobierno del demócrata Bill Clinton. La responsabilidad de haber concedido los visados recaía en los funcionarios de los consulados, dependientes del Departamento de Estado, pero su ingreso al país fue permitido por los inspectores de inmigración. El hecho de que los terroristas fueran extranjeros cambió las prioridades en materia de inmigración. El control migratorio en Estados Unidos quedó vinculado de forma directa con la seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo. En consecuencia, en la década posterior, las deportaciones ascendieron a 2,3 millones de personas, cuando en la década anterior Estados Unidos había expulsado a 1,6 millones de personas.Meissner dejó su cargo al frente del INS meses antes de que ocurrieran los atentados. Durante el tiempo que lo dirigió, el INS formaba parte del Departamento de Justicia y era responsable de hacer cumplir las leyes de inmigración, patrullar la frontera y tramitar las solicitudes de estatus legal y ciudadanía. Después del 11-S, el INS desapareció y su labor quedó dividida en tres agencias: el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), encargado de conceder los visados y permisos de residencia; la agencia de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). “Actualmente existe mucha menos coordinación y coherencia en las políticas de inmigración —ahora que estas áreas se han separado— en comparación con la época en que dependían de un único comisionado; este podía sopesar opciones para determinar la mejor asignación de recursos y establecer prioridades que equilibraran, por ejemplo, la inmigración legal frente a las funciones de control y aplicación de la ley. Desde un punto de vista burocrático, esto resulta mucho más difícil de lograr hoy en día debido a la división en tres partes separadas dentro del Departamento de Seguridad Nacional”, opina Meissner.La división en tres agencias implicó que tuvieran presupuestos separados. En una Administración como la de Donald Trump, en la que la campaña contra la inmigración ha dominado la agenda presidencial, el ICE, encargado de las detenciones y deportaciones, ha visto los fondos de los que dispone disparados a niveles sin precedentes, más que el presupuesto militar de la mayoría de los países del mundo. “El cambio estructural permitió un aumento masivo de la financiación dedicada para el ICE y se creó un aparato de cumplimiento de la ley independiente que no existía antes. Se sentaron las bases de lo que hay ahora”, apunta Hiroshi Motomura, profesor de Derecho de UCLA y autor de varios libros sobre inmigración en Estados Unidos.Gracias a los fondos aprobados en 2025 en la ley presupuestaria (Big Beautiful Bill), que aportó 170.000 millones de dólares, y a la Ley de Reconciliación de este año, que proporcionó 70.000 millones de dólares adicionales para la agenda migratoria, el ICE ha podido multiplicar el número de agentes, abrir nuevos centros de detención, establecer alianzas y adquirir programas de inteligencia y equipos para llevar a término el objetivo de Trump de realizar la mayor deportación de la historia. “En el ámbito de aplicación de leyes contamos hoy con niveles de recursos que los legisladores de la era posterior al 11 de septiembre jamás habrían imaginado”, señala Meissner, que en la actualidad es directora del programa de política migratoria del MPI (Migration Policy Institute).Esa ingente inyección de dinero también ha ido acompañada de lo que se ha percibido como una autorización para que el ICE opere a sus anchas sin rendir cuentas. El DHS ha defendido hasta ahora las actuaciones de sus agentes migratorios en los casos más polémicos. El Departamento ha apoyado a los funcionarios que mataron a los ciudadanos estadounidenses Renée Good y Alex Pretti, en Minneapolis en enero de este año, y también a los que acabaron con la vida del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, en Texas, y la del colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, en Maine, ambas ocurridas en julio pasado. “Ciertamente gozan de inmunidad y, bajo la segunda Administración Trump, se les ha facultado para llevar a cabo actividades de aplicación de la ley de maneras que son incompatibles con las normas profesionales establecidas para las fuerzas del orden”, sostiene Meissner.Al dividir las labores del INS en agencias, se potenciaron las operaciones policiales. “El verdadero problema radica en la separación del ICE y CBP, por un lado, y de USCIS —es decir, la rama dedicada a la prestación de servicios—, por el otro. Considero que esta estructura ha permitido una mayor expansión tanto del ICE como de CBP, mientras que la insuficiencia de fondos para USCIS ha generado un desequilibrio y ha propiciado que se dé prioridad a la seguridad nacional hasta un punto que, a mi juicio, resulta excesivo” indica Motomura.Las solicitudes para ajustar el estatus migratorio y pedir la residencia permanente se acumulan en USCIS, donde los casos se amontonan durante años sin resolverse. Control biométrico En los 25 años que han pasado desde el 11-S, Estados Unidos no ha vuelto a sufrir un atentado terrorista de ese calibre. El país implementó medidas como la biometría y las bases de datos interactivas, y los recursos destinados a la gestión de viajes y a la colaboración, tanto a nivel mundial como entre las propias agencias estadounidenses, han demostrado su eficacia. Sin embargo, en los últimos 18 meses la actual Administración ha utilizado la seguridad nacional para detener y deportar a migrantes que ha acusado de terrorismo sin aportar pruebas. El Gobierno ha utilizado leyes anacrónicas, como la Ley de Enemigos Extranjeros, de 1798, que solamente se aplicó en casos de guerra, para deportar a migrantes salvadoreños y venezolanos sin el debido proceso y ha activado el Tribunal de Expulsión de Terroristas Extranjeros, creado hace 30 años, pero que nunca ha funcionado.Además, ha intimidado a las personas para que se autodeporten y ha cancelado la aprobación de visados, haciendo muy difícil entrar en Estados Unidos y repeliendo la llegada de estudiantes y trabajadores que aportan beneficios al país. Con certeza no la clase de extranjeros en los que el Congreso pensaba al crear el DHS. “Somos un país más seguro frente al terrorismo internacional. Hoy en día, las amenazas a la seguridad en Estados Unidos provienen del interior del país, no del exterior; surgen de tensiones internas, de la violencia armada y de la polarización de la opinión pública. Se trata, pues, de desafíos distintos y novedosos”, opina Meissner.