Natalia recuerda lo joven que era cuando, hace trece años, llegó a esta casa abandonada del barrio de Las Rehoyas, en Las Palmas de Gran Canaria. Recuerda entrar por la puerta con su hija, que tiene una discapacidad del 100%, y cómo los vecinos, al conocer su situación, hicieron una recolecta para que pudiera poner las ventanas, el pollete de la cocina y adaptar lo mejor posible la vivienda para criar a la niña. Hoy, su vecina del quinto le proporciona agua y luz porque sabe que su situación es aún más grave: se enfrenta a un desahucio el próximo lunes, sin alternativa habitacional ni red familiar, y tiene a su cargo a una hija en situación de dependencia, a un menor de once años y a un sobrino con esquizofrenia, según relata la afectada.
La historia de este desahucio se remonta a 2022. En 2023, el Juzgado solicitó al Ayuntamiento un informe de vulnerabilidad, que fue emitido y acreditó la situación de vulnerabilidad de Natalia y su familia. El desahucio se paralizó entonces por el escudo social vigente. Este año, esa protección ya no existe tras decaer la medida por los votos en contra de PP, Vox y Junts per Catalunya, lo que deja a las familias vulnerables en riesgo de desahucio sin una protección clave.
