La Audiencia Provincial de Balears ha confirmado el desahucio de un hombre con una discapacidad reconocida del 65%, movilidad reducida y una situación de vulnerabilidad económica acreditada que subsistía en un establo semiderruido en una finca de Sant Lluís (Menorca). El inquilino sostenía que no tenía otra alternativa habitacional y que subsistía en un “habitáculo improvisado” carente de las mínimas condiciones de salubridad e higiene.
La historia refleja las contradicciones del mercado residencial menorquín. Mientras buena parte de la población se ve abocada a residir en construcciones improvisadas o en condiciones precarias ante la falta de alternativas habitacionales, la isla más oriental de Balears multiplica sus plazas hoteleras en suelo rural, beneficia con trámites exprés a hoteles de lujo con piscinas ilegales y continúa captando a inversores y compradores de elevado poder adquisitivo. En el caso de Sant Lluís, el precio medio de venta alcanzó el pasado mes de abril los 5.021 euros por metro cuadrado, según datos difundidos por el portal inmobiliario Idealista, lo que convierte a este municipio de 7.200 habitantes en uno de los más caros -y cotizados- de Menorca.
En este contexto de creciente tensión residencial, la sentencia, fechada en marzo, ha dado la razón a los propietarios de un terreno que reclamaban la recuperación de la posesión de la finca tras comunicar al arrendatario su voluntad de no renovar el contrato de alquiler que ambas partes habían firmado en agosto de 2019. La Audiencia rechaza cada uno de los argumentos del hombre, quien defendía que el acuerdo estaba vinculado a una explotación rústica y debía regirse por la normativa agraria y los usos tradicionales del campo menorquín, de modo que la propiedad no podía poner fin al contrato como si de una relación ordinaria de alquiler residencial se tratara.
