El Ayuntamiento de Palma ha ejecutado este miércoles el desalojo forzoso de la antigua prisión de la capital balear, okupada desde hace una década por decenas de personas que convivían en su interior en condiciones insalubres porque no tenían otro lugar en el que residir. La actuación municipal, desarrollada en un imponente operativo dirigido por la Policía Nacional y la Policía Local, responde al auto dictado el pasado mes de mayo por el juzgado de instrucción número 4 de Palma que autorizó la entrada y el desahucio de las alrededor de 70 personas que continuaban viviendo en el lugar, en el que durante años llegaron a convivir más de 200. El Ayuntamiento reclamó la autorización para recuperar su posesión en base a varios informes técnicos en los que alegaba riesgo de incendio, así como problemas de seguridad en la infraestructura con el consecuente peligro para sus habitantes y para los servicios de emergencia. El operativo para desalojar la antigua prisión ha arrancado a las doce del mediodía, sin aviso previo por parte del Ayuntamiento. “Vengo de trabajar y no me han dado ningún papel, me han sacado de sopetón”, ha dicho a las puertas de la antigua prisión Jonathan, que ha explicado que tiene una vivienda en la que no puede residir porque está okupada después de una serie de problemas con el contrato. El joven ha lamentado las condiciones en las que han tenido que vivir durante los últimos meses, así como el “menosprecio” con el que les ha tratado el Consistorio, que no les ha ofrecido ninguna alternativa a pesar de que, ha dicho, quienes allí están residiendo lo hacen “por obligación” al no encontrar otro lugar al que ir. Durante el desalojo han estado presentes trabajadores de los servicios sociales municipales, que han estado ofreciendo atención personalizada a las personas que iban abandonando el recinto. Decenas de agentes de la Policía se han desplegado en las inmediaciones del recinto, situado en el barrio de Cas Capiscol, junto al centro comercial Ocimax y un colegio público, al que el Consistorio tampoco ha notificado el operativo. Además de los trabajadores de los servicios sociales, han estado presentes representantes de distintas entidades sociales como la plataforma Menys Turisme Més Vida o de Médicos del Mundo. El malestar de los moradores de la antigua prisión con la situación era evidente y durante el mediodía han desfilado con sus enseres sin tener muy claro dónde ir. Así lo aseguraba uno de ellos, un hombre de mediana edad extranjero que afirmaba que no le quedaría más remedio que dormir en el banco del parque situado junto a los muros con alambre de la prisión. Ana Ferrer, amiga de uno de los residentes de la antigua cárcel, ha denunciado que la mayoría de las personas que vivían en el recinto están en lista de espera para una vivienda pública desde hace meses. “Es terrible, se ha mentido mucho. El Ayuntamiento ha dicho que ponía todos los recursos a su disposición y los recursos son tener un lugar en el que ducharse”, ha destacado, señalando que tampoco han encontrado una alternativa en Cruz Roja ni en el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, porque les han comunicado que los recursos estaban saturados. El Ayuntamiento ha habilitado, de forma temporal, un alojamiento en el Parque de Bomberos de la ciudad para los residentes que no tengan una alternativa de forma inmediata. En el recinto se han instalado cuatro módulos prefabricados con camas facilitadas por Cruz Roja que van a permanecer operativos, según el equipo de gobierno municipal, durante dos noches en horario de 19.30 a 9 de la mañana. Después, no se garantiza una alternativa. Desde Médicos del Mundo, su presidente Martí Marion Prados, ha acusado al Consistorio de actuar de forma unilateral, “criminalizando y deshumanizando” a los habitantes de la antigua cárcel, que se verán en la calle. “No ha habido una cercanía hacia lo que van a vivir estas personas, ni un planteamiento conjunto hacia las entidades que tenían recursos para ofrecer”. Durante años, decenas de personas han convivido en el lugar en condiciones insalubres, rodeadas de basura y utilizando las celdas del recinto como habitaciones improvisadas en las que cocinaban con bombonas de gas. En los últimos meses, los problemas de seguridad se dispararon, ya que se registraron varios incendios que pusieron en riesgo a sus habitantes y provocaron las quejas de los vecinos del barrio. “Estaba todo supermal, lleno de basura, de ratas y con grietas en las paredes, que cualquier día se caían. Sinceramente, no quería vivir ahí, pero es la única opción que he tenido”, ha admitido Jonathan, quien a las puertas del recinto se preguntaba con angustia que dónde iban a ir. “No hay alternativa”.