La Policía Local de Palma y la Policía Nacional han ejecutado este miércoles por orden judicial el desalojo de la antigua prisión de Palma, donde aún residían 51 personas, que deberán buscar en los próximos días una solución habitacional estable.PublicidadEl Ayuntamiento de Palma inició este proceso a finales de febrero, cuando en el recinto vivían 226 personas, con el objetivo de recuperar la posesión del inmueble, proceder a su demolición y destinar el solar a la construcción de viviendas sociales. Desde entonces, la mayoría de los ocupantes han abandonado voluntariamente estas instalaciones.El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha destacado que, tras 12 años de ocupación, la antigua cárcel ha quedado finalmente desalojada, una situación que, a su juicio, nunca debería haberse prolongado debido a las condiciones de insalubridad en las que vivían sus ocupantes.Además, ha asegurado que la actuación permitirá "devolver la normalidad" al barrio e iniciar el nuevo proyecto urbanístico con carácter social. Martínez ha señalado que cinco de las 51 personas desalojadas serán acogidas por el Obispado de Mallorca y que al resto se les están ofreciendo distintas alternativas.Por otra parte, la Policía Nacional ha detenido a varias personas sobre las que pesaban órdenes de expulsión del territorio nacional.Malestar entre los desalojadosAunque el desalojo se ha desarrollado sin incidentes, algunos de los afectados han mostrado su malestar. Bernardino, un ciudadano italiano de 60 años, ha lamentado que se les trate "como a traficantes de droga" y ha asegurado que pasará la noche en la calle: "Vaya mierda", ha resumido.PublicidadPor su parte, Mercè, integrante de la asociación vecinal de Can Capiscol, ha explicado que el barrio apoya el desalojo por los riesgos que suponía residir en el recinto, aunque también considera necesario garantizar una alternativa habitacional a las personas afectadas.El presidente de Médicos del Mundo en Balears, Martín Marión, ha criticado que, tras año y medio de preparación del operativo, el Ayuntamiento no haya planteado una alternativa habitacional suficiente para los residentes.Marión ha asegurado que gran parte de las 226 personas que vivían en el recinto han acabado en la calle o ya se han trasladado a nuevos asentamientos o infraviviendas, por lo que considera que el problema únicamente se desplazará a otros puntos de la ciudad.