Ha pasado un mes desde que Colombia vivió el terremoto más devastador del siglo y llegó justo cuando el país se disponía a apretarse el cinturón del gasto. El país está necesitado de dinero, y el Gobierno de Abelardo de la Espriella ya había advertido que, al llegar al poder, encontró una situación fiscal peor de lo que anticipaban incluso los pronósticos más pesimistas. En lo que han bautizado como el “Presupuesto de la verdad” muestran que, de no hacer nada, el déficit fiscal para el próximo año sería de 9,4% del PIB. Y las promesas de recorte, tras el terremoto, afrontan una disyuntiva difícil de conciliar: “El Ministro de Hacienda, Miguel Gómez, tendrá que hacer malabarismos para cumplir con todo”, dice en entrevista con EL PAÍS Munir Jalil, economista jefe para la región andina de BTG Pactual, banco de inversión brasileño.La firma que representa fue de las primeras en dar un cálculo de costos derivados del desastre y cifró en 20 billones de pesos la reconstrucción (un punto del PIB o 6.350 millones de dólares). “Se ha juntado todo: déficit fiscal, crecimiento debajo del 3%, tasas altas e inflación fuera de la meta”, complementa. El terremoto complica, antes que nada, la promesa de recorte con la que llegó el Gobierno, al menos la de muy corto plazo prevista para este año. Ya hay gasto anunciado, entre subsidios para los damnificados, un “Plan Marshall” para el Chocó y compromisos adquiridos con el Valle del Cauca. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) calcularon los daños físicos directos en 42,1 billones de pesos —2,3% del PIB nacional, unos 13.510 millones de dólares al cambio—.La herramienta propuesta para la reconstrucción es el Fondo Milagro, que aún no existe y que tampoco aparece en el nuevo Presupuesto General de la Nación. El PGN menciona que su incremento nominal de 10% incluye lo que se destinará a la emergencia del terremoto, pero no detalla cómo funcionará, cuánto recibirá ni cómo distribuirá esos recursos. Lo que existe, por ahora, es una diapositiva de PowerPoint que el ministro de Hacienda ha mostrado tanto a banqueros como a congresistas, en donde se ve una inyección de poco más de cuatro billones de pesos. Llegarían de un traslado de los recursos destinados a enfrentar una emergencia económica decretada a inicios de año cuando un frente frío produjo inundaciones (lo que ya levanta dudas legales, pues esos recursos deben mantener conexidad con la emergencia para la que fueron recaudados), de regalías, de créditos con organismos multilaterales, del FONPET y de la sobretasa al ACPM. Aunque el tiempo apremia, el decreto que declaró la emergencia económica por el terremoto se firmó el 19 de agosto y, pasados 21 de sus 30 días de vigencia, el Gobierno aún no expide el que crea el Fondo Milagro o alguno que contemple otras medidas económicas para atender el desastre. El fondo se inspira en el Forec, que se decretó el 30 de enero de 1999, cinco días después de que temblara en el Eje Cafetero. Aquel terremoto, según la evaluación de la Cepal, causó daños equivalentes a “poco más del 2,2% del PIB nacional” de 1998, una magnitud casi idéntica a la que hoy calcula el PNUD. Ese fondo fue financiado en un 61% con el presupuesto nacional, 38% con créditos externos y el 1% restante con cooperación internacional y donaciones, destaca el exviceministro de Hacienda Andrés Pardo. Aunque el Fondo Milagro no se ha creado, ya tiene un gerente designado, el empresario antioqueño Jaime Andrés Uribe Tamayo.EL PAÍS consultó a los gobernadores de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas, los más impactados por el sismo, por los recuentos que llevan un mes después. Las cuatro cifras sumadas llegan a 36,6 billones de pesos, casi nueve veces lo que propone el Fondo Milagro. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, calcula los requerimientos en 20 billones de pesos y un plazo mínimo de tres años; le atribuye a su departamento el 67% de los daños en infraestructura entre las regiones golpeadas. Su par de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, habla de 10 billones y dos años para normalizar vivienda, infraestructura prioritaria y la reactivación económica, aunque aclara que “aún es temprano para un balance preciso”. La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, cifra en 47 billones el costo y un plazo de mínimo cuatro años. Y el mandatario de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel, calcula 2,6 billones, y dice que puede tardar entre uno y cinco años. Las cuentas descansan más en el Ejecutivo que en los seguros. La penetración del aseguramiento en Colombia —las primas emitidas como proporción del PIB— llegó a 3,3% en 2025, menos de la mitad del 6,2% que promedian los países de la OCDE. En Colombia, solo 1 de cada 10 viviendas está asegurada. Fasecolda, el gremio asegurador, reporta reclamaciones por 3,7 billones de pesos con corte al 7 de septiembre, de los que se han pagado 95.076 millones, 2,6% de lo reclamado. Colombia, entonces, necesita plata —ya la necesitaba como nunca— para ponerla a trabajar, y otra pregunta es qué tanto puede moverse la aguja de una economía de 594.500 millones de dólares anuales. Lumen Economic Intelligence calcula que el sismo restará 0,27 puntos porcentuales al PIB de 2026 —descontando ya el impulso parcial de la reconstrucción—; Acciones y Valores es más optimista, con -0,12. La diferencia entre las dos cifras importa menos que lo que tienen en común: son pequeñas. Los cuatro departamentos más impactados por el sismo pesan 13,6% del PIB nacional, según cálculos de EL PAÍS con base en el DANE. Sin el Valle del Cauca, que concentra cerca de tres cuartos de ese peso y es el tercer departamento que más aporta al PIB nacional, los otros tres departamentos juntos llegan al 3,9% de la economía.El golpe de corto plazo lo documentó Bancolombia, que registró una caída de 8,9% en el consumo nacional durante la semana del sismo frente a la dinámica habitual de agosto, con desplomes de hasta 40,9% en Risaralda y 59,9% en Chocó. Hacia adelante, se espera que sectores como la construcción repunten. Precisamente, uno de los gremios de esa cadena, la Cámara Colombiana de la Infraestructura, presentó el 8 de septiembre su propia hoja de ruta para la reconstrucción, entre las que destaca la reconstrucción tras el terremoto y el aporte técnico al nuevo Plan Nacional de Desarrollo. El gremio confirmó a Tatyana Orozco al frente desde el 14 de septiembre, tras desplantar a la economista Carolina Soto.Para Jalil, de BTG Pactual, sin embargo, el problema no está tanto en el golpe de este año, sino en lo que desencadena a futuro. Antes del sismo, BTG proyectaba que el gasto público —que ha impulsado buena parte del crecimiento reciente— se iba a contraer el próximo año. Menos gasto significa menos demanda, y esa demanda a la baja, dolorosa como sería, era la que mermaría la inflación y abriría campo al Banco de la República para recortar tasas, hoy en 12%. La reconstrucción, dice, mantiene la demanda caliente, ahora por obras en lugar de nómina o subsidios. “Esto retrasa la caída de la inflación, que considerábamos indispensable para que las tasas bajaran rápido y así se acelerara la inversión en 2028 a 2030”, dice.Aunque los recortes aún carecen de concreción, se prevén más pronto que tarde. “Es indispensable recortar, más que nunca. Es la forma de abrir el espacio para este gasto adicional. Como decimos: el que peca y reza, empata”, dice Jalil. Anticipa una revisión de los esquemas de contratación pública para reducir costos administrativos, y un Gobierno “muy activo” en el manejo de su deuda para disminuir lo que tendrá que pagar el año entrante en intereses y amortizaciones. “Viene lo difícil, pasar del dicho al hecho. Y en ese proceso vamos a darnos cuenta de lo difícil que es, en este momento, el panorama macroeconómico colombiano, donde mejorar en un punto puede descuidar el otro”, concluye.