Noticia Exclusivo suscriptores El siguiente reto será convertir esos recursos en viviendas, carreteras, colegios, hospitales y recuperación productiva sin desperdiciar dinero.Estimaciones preliminares apuntan a 30 billones de pesos el costo de reconstruir las zonas devastadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, pero el dato definitivo aú está por conocerse. Foto: Daniel Fernando López EL TIEMPOPERIODISTA ECONÓMICO22.08.2026 22:40 Actualizado: 22.08.2026 22:40
Treinta billones de pesos. Esa es, por ahora, la factura mínima que deja el terremoto del 10 de agosto y que Colombia tendrá que comenzar a pagar para reconstruir viviendas, colegios, hospitales, carreteras, puentes y acueductos, recuperar empresas y empleos y volver a poner en pie centenares de municipios. El problema es que la principal subcuenta pública destinada al manejo de desastres dispone hoy de apenas 47.266 millones de pesos, una suma que el propio Gobierno reconoce como insuficiente frente al tamaño de la tragedia.La distancia entre esas dos cifras resume el desafío que comienza después de la atención inmediata de las víctimas, el de conseguir el dinero, decidir de dónde saldrá y construir una organización capaz de convertirlo muy pronto en reconstrucción, justo cuando las finanzas públicas atraviesan por una situación estrecha, mientras los 30 billones de pesos —alrededor de 1,5 por ciento del PIB— son apenas una estimación preliminar ya que la evaluación de los daños continúa. LEA TAMBIÉN El Gobierno ya cuenta con la declaratoria de desastre nacional y, desde esta semana, el estado de emergencia económica para iniciar la tarea. El Decreto 1261 del 19 de agosto abre una amplia caja de herramientas para mover partidas del presupuesto, flexibilizar regalías, recurrir temporalmente a fondos especiales, utilizar activos administrados por el Estado, contratar crédito y acelerar inversiones. Pero no constituye todavía el presupuesto de la reconstrucción ni establece cuánto dinero saldrá de cada fuente.Esa cuenta, como señala el propio gobierno, comenzará a despejarse con los decretos legislativos que desarrollen la emergencia y con el diagnóstico definitivo de la destrucción. Mientras tanto, Colombia ya empezó a movilizar créditos de organismos multilaterales, cooperación internacional, donaciones empresariales y aportes de familias. El reto será articular esa bolsa de recursos públicos y privados y evitar que la urgencia por reconstruir termine produciendo duplicidades, desperdicio o inversiones desconectadas de las necesidades de los territorios. Afectaciones del terremoto en Tadó, Chocó Foto:Cortesía de Liliana MosqueraTragedia extendidaA diferencia del terremoto del Eje Cafetero de 1999, la reconstrucción tendrá ahora el desafío de atender una tragedia mucho más dispersa. El balance de la Ungrd, con corte hasta el viernes, registra afectaciones en 16 departamentos y 481 municipios, con 329 muertos, 4.600 heridos y 314.751 personas afectadas. Además, 31.445 viviendas quedaron destruidas y 163.884 averiadas.La dimensión económica también será considerable. Las regiones golpeadas representan más del 14 por ciento de la economía nacional y tienen un peso relevante en el transporte de carga y el abastecimiento de alimentos. Por eso, además de recuperar viviendas e infraestructura, la velocidad de la reconstrucción será determinante para restablecer la actividad productiva, el empleo y la logística. Mover los recursosLa primera posibilidad que ofrece la emergencia económica es permitir que el Estado reorganice sus propios recursos. El Decreto 1261 habilita adiciones, traslados y otras operaciones sobre el Presupuesto General de la Nación, partiendo de que las partidas aprobadas para 2026 no contemplaban una catástrofe de esta dimensión.Bruce Mac Master, presidente de la Andi, considera que esa facultad será determinante porque permitirá al Gobierno hacer una nueva priorización del gasto después del terremoto y, al mismo tiempo, crear mecanismos para ejecutar los recursos con mayor velocidad. LEA TAMBIÉN El abanico es amplio. El Gobierno podrá flexibilizar el uso del Sistema General de Regalías, incluidos recursos asignados a departamentos y municipios afectados, y contempla acudir al Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) mediante préstamos que deberán ser restituidos, sin comprometer las obligaciones propias del fondo. También podrá utilizar temporalmente saldos de fondos especiales y recursos con destinación específica, reorientar partidas de proyectos que no comenzaron o se hicieron inviables y movilizar bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el Frisco. Algunos inmuebles provenientes de procesos de extinción de dominio podrían servir para albergues o reasentamientos, mientras determinados activos podrían monetizarse para obtener recursos líquidos. Pero hay una precisión fundamental y es que el decreto habilita esas fuentes, pero todavía no establece cuánto dinero saldrá efectivamente de ellas. Eso comenzará a conocerse con los decretos legislativos que desarrollen la emergencia. Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, considera que el esfuerzo debería extenderse al Presupuesto de 2027. Propone combinar un presupuesto ordinario con medidas de austeridad y otro destinado a la reconstrucción, de manera que los ahorros obtenidos mediante recortes puedan dirigirse a levantar las zonas destruidas. Entre las opciones menciona revisar gastos, nómina estatal y contratos de prestación de servicios e incluso eliminar fondos o entidades que ya no resulten prioritarios. Su planteamiento es que una parte del dinero necesario salga de cambiar prioridades antes de buscar nuevas fuentes.
