La Fiscalía Anticorrupción ha alertado de que el “persistente retraso” en la tramitación y enjuiciamiento de las grandes investigaciones constituye una “lacra”, que “daña la eficacia y la propia credibilidad” de la justicia. Esta área especializada del ministerio público, encabezada por Alejandro Luzón, ha querido poner así el foco en las dificultades para sacar adelante las llamadas “macrocausas”, muchas de las cuales se topan en los tribunales con un auténtico tapón. “Provoca la general insatisfacción de los ciudadanos ante una respuesta penal lenta e insuficiente”, incide este departamento en la última memoria anual de la Fiscalía General del Estado, referente a 2025 y que ha presentado este jueves la jefa del ministerio público, Teresa Peramato, en el acto de apertura del año judicial. En un curso marcado por el frenazo que ha sufrido el caso Cerdán tras remitirse a la Audiencia Nacional —un órgano colapsado desde hace años—, Anticorrupción explica que la “demora” en las instrucciones judiciales y vistas orales responde “en buena medida” a la “complejidad” de esos sumarios y a “la escasez de los recursos disponibles”. Pero también lo achaca, entre otros factores, a la presencia de acusaciones populares (muy frecuentes en las causas con políticos implicados) y a las “estrategias dilatorias de los investigados”, que “encuentran terreno abonado al amparo de un sistema de recursos sobredimensionado”. “Todo ello provoca consecuencias indeseables”, apostilla la memoria del ministerio público. “Entre otras, dotar a los investigados de tiempo suficiente para ocultar el producto del delito, la prescripción del delito, la casi sistemática apreciación de la atenuante de dilaciones indebidas, la exposición pública de los investigados (sometidos a frecuentes juicios paralelos que dañan su presunción de inocencia) y, sobre todo, la general insatisfacción de los ciudadanos ante una respuesta penal lenta e insuficiente”.Anticorrupción coloca el foco especialmente en el colapso que sufre la Audiencia Nacional; y advierte del enorme tiempo que pasa desde que acaba la investigación y se juzga. Entre otras macrocausas, se ponen como ejemplo el caso Pujol, que empezó a investigarse en 2012 y cuya vista no comenzó hasta finales de 2025 (de hecho, acabó este 2026 y aún no se ha dictado sentencia); o el caso Lezo, que supuso el arresto en 2017 del expresidente madrileño Ignacio González (PP) y que no ha comenzado a enjuiciarse hasta finales de este año. La Fiscalía subraya que esta situación provoca que se celebren juicios por “unos hechos prácticamente olvidados por todos los intervinientes”, “donde la práctica de la prueba se diluye o distorsiona, cuando no se hace impracticable”. “Y la atenuante de dilaciones indebidas preside unas casi inevitables conformidades. El resultado del juicio, ya sea finalmente la sentencia condenatoria o absolutoria, nunca es satisfactorio”, remacha la memoria.A continuación, se detallan otros aspectos recogidos en la última memoria de la Fiscalía:La condena al ex fiscal general, “un hecho grave”. Si hay un asunto por el que el año de 2025 pasará a la historia es por la condena de quien fuera durante ese ejercicio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos vinculado a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El documento se hace eco de ello en el capítulo dedicado a la Fiscalía General, bajo un epígrafe titulado “Un hecho grave que merece particular atención. La condena penal del Fiscal General del Estado y sus efectos sobre el estatus profesional del fiscal de carrera”. La Fiscalía recuerda que se trató de “un hecho inédito en la historia del Ministerio Fiscal” y, a lo largo de ocho páginas, argumenta por qué la sucesora de García Ortiz, Teresa Peramato, acordó que los dos años de inhabilitación especial que el Tribunal Supremo impuso al anterior jefe del ministerio público no impliquen la expulsión de la carrera fiscal. El ministerio público recuerda que el artículo 42 del Código Penal establece que la inha­bilitación especial para empleo o cargo público produce la privación definitiva del cargo sobre el que recaiga la condena. “De lo anterior se desprende que la inhabilitación especial para cargo público –accesoria o principal– no tiene un alcance general u omni­comprensivo, sino que se proyecta únicamente en el empleo o cargo sobre el que recae, el cual debe especificarse en la sentencia, por exi­gencia de la propia ley”, señala la memoria, que cita varias sentencias del Supremo que avalan esta interpretación. La Fiscalía argumenta también que ha mantenido secreto el expediente interno que se abrió tras la condena a García Ortiz para estudiar sus implicaciones, que contiene “datos personales y documentación referida a particulares y a otros miembros de la carrera fiscal cuya reserva ha sido y debe seguir siendo cuidadosamente preservada”.El acceso al expediente de la pareja de Ayuso. La memoria no recoge referencias expresas al proceso penal abierto contra González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude fiscal; pero sí incorpora este tema de forma tangencial sin citar el nombre del imputado. Lo hace para dentro del capítulo del delegado de Protección de Datos, para exponer que se abrió una investigación después de que varios medios publicaran que el expediente del caso de González Amador se colgó en una carpeta digital de la Fiscalía de Madrid a la que tenían acceso decenas de funcionarios, una circunstancia que la defensa de García Ortiz esgrimió para argumentar que había muchos posibles autores de la filtración que se le atribuía al jefe del ministerio público. La investigación interna, señala la memoria, constató que el expediente de González Amador se cargó en una carpeta compartida porque, debido a su volumen, no podía enviarse por correo electrónico, una decisión que se adoptó “sin contar con el previo visto bueno ni de la jefatura ni del decano de la sección especializada afectada [delitos económicos]”. A raíz de este caso, se adoptaron “diversas medidas correctoras para limitar el acceso a las carpetas compartidas. La “frustración” de la Fiscalía Antidroga. Como viene ocurriendo en los últimos años, los responsables de la Fiscalía Antidroga se quejan en la memoria de la falta de medios humanos y materiales en la lucha contra el narcotráfico. En esta ocasión, ponen el foco también en las trabas con las que se encuentran por parte de los jueces a la hora de obtener permiso para adoptar medidas como la intervención de los teléfonos de los investigados. “El rechazo de la adopción de medidas de investigación solicitadas por los cuerpos policiales o incluso por la fiscalía causa frustración”, señala la memoria, que detalla que las negativas a la adopción de medidas se justifican en “muchos casos” por falta de competencia, en otros, por considerar injustificada la medida y, en algunas ocasiones, “el fracaso se produce no por la negativa sino por el retraso en la tramitación de la autorización de la medida solicitada, retraso que da lugar a que el investigado cambie de dispositivo telemático o que devenga imposible la colocación de una baliza o un dispositivo de escucha”. La Fiscalía alerta de que la “sobrecarga” de los juzgados “no garantiza la respuesta en tiempo eficaz para este tipo de investigaciones”. “En resumen, una buena parte de las posibles investigaciones de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico se frustran por la inadecuada o tardía respuesta de los órganos judiciales”, lamenta el ministerio público. La memoria recuerda también que la especialización en la lucha contra el narco resulta “imprescindible” y se quejan de que actualmente solo hay fiscales especializados en la Audiencia Nacional y la Fiscalía Antidroga (que no está presente en todas las provincias), “lo que es notoriamente insuficiente”. Paralelamente, Antidroga alerta de que “la violencia” del narco y “la pérdida de respeto al principio de autoridad es cada vez más visible” en Andalucía, uno de los principales epicentros del tráfico de drogas de España. El ministerio detalla que se ha multiplicado la incautación de armas de guerra —se ha llegado a intervenir hasta un lanzacohetes—.Impulso a la lucha contra los delitos contra la Administración. La Fiscalía General aprovecha la memoria anual para defender la creación de la nueva Unidad Especializada en delitos contra la Administración Pública, que formó parte del Plan de Acción por la Democracia impulsado por el Gobierno. Insiste en que es “perfectamente compatible” con el trabajo que desde hace años desempeña la Fiscalía Anticorrupción. Su creación generó polémica dentro del ministerio público y el Consejo Fiscal se opuso a su creación al considerar que era una estructura “paralela” a la Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón. “Se trata de herramientas distintas pero complementarias”, recoge ahora la memoria, en la que se recalca que los responsables de policía judicial de las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han trasladado su apoyo a la creación de dicha unidad.Peramato adelanta que su intención es abogar por penas que vayan más allá de la prisión o las multas; destaca, por ejemplo, la prohibición de contratar con el sector público, una medida que considera “represiva y disuasoria”. Y asegura que la unidad también impulsará a los fiscales a pedir que las sentencias condenatorias declaren “la nulidad de los contratos administrativos involucrados en la actividad delictiva”.Alerta por la violencia en el fútbol. La Fiscalía alerta de que la violencia en el deporte es un fenómeno que en los últimos años se ha extendido a las calles “con grave riesgo para la integridad no solo de los participantes en las mismas, sino también para la de otros ciudadanos ajenos a tales grupos”. El ministerio público señala que “la producción de altercados violentos que determinados grupos de aficionados, especialmente en las disciplinas deportivas con más seguidores, llevan a cabo de modo prácticamente habitual”, una “situación lamentablemente bastante generalizada en algunos deportes denominados mayoritarios, siendo ejemplo paradigmático el del fútbol”.La memoria, que ha dedicado un apartado específico a este tema, explica que estos episodios de violencia “ya no se circunscriben, como antaño, al espacio físico de los recintos deportivos”, sino que “se han desplazado a cualquier ámbito del espacio público, de manera que las calles de las ciudades de nuestro país se convierten a veces en escenarios de peleas multitudinarias”. El ministerio público señala que estos altercados también afectan a “los bienes públicos y privados que son objeto de importantes destrozos, con el consiguiente perjuicio patrimonial para las administraciones públicas y los particulares”.Incremento de los delitos de odio. En 2025 se incoaron 550 diligencias de investigación por delitos de odio y discriminación, 73 más que en 2024 (un 15,3% más). “Este crecimiento de las investigaciones incoadas en las fiscalías confirma la tendencia al alza ya identificada en ejercicios anteriores”, apunta la memoria. El delito más habitual registrado es “la lesión de la dignidad de las personas por motivos discriminatorios” (con 267 diligencias), seguido del de “fomento, promoción e incitación al odio” (con 225). Ambos delitos representan el 89% de las diligencias incoadas. El motivo de discriminación más frecuente sigue siendo el racismo (con 171 casos), seguido de la xenofobia o discriminación por origen nacional (123 casos) y la orientación e identidad sexual o de género (105 casos). Casi el 60% de los hechos denunciados ocurrieron a través de las redes sociales o internet. No obstante, la memoria advierte de que la mayoría de las diligencias (406) fueron archivadas “por la imposibilidad de identificar al autor o por no quedar suficientemente acreditadas las circunstancias discriminatorias del hecho denunciado”. No obstante, de las 221 sentencias dictadas por estos delitos en 2025, el 82% fueron condenatorias. La Fiscalía menciona algunos de los casos de delitos de odio más graves y conocidos del año pasado, como los incidentes en Torre Pacheco (Murcia): “En el año 2025 hemos asistido con gran preocupación a los graves acontecimientos ocurridos en Torre Pacheco durante el mes de julio de 2025, que evidenciaron las peligrosas consecuencias y efectos del discurso de odio difundido de forma masiva e incontrolada en redes sociales, lo que ha motivado la apertura de diversas diligencias de investigación y procedimientos judiciales, principalmente en la Región de Murcia”. El ministerio fiscal recuerda que aún se investigan varios de los hechos sucedidos en la localidad murciana: una agresión grupal a un ciudadano de origen magrebí con insultos xenófobos; la “difusión a través de diferentes cuentas de Instagram de la imagen de varias personas de origen magrebí identificándolos como los supuestos autores de la agresión al vecino de Torre Pacheco (sin tener ninguna vinculación con los hechos)”; el asalto violento de un grupo de encapuchados en un restaurante de kebabs; o la agresión a un menor por razones xenófobas “a quien los autores identificaron erróneamente como uno de los agresores del vecino de Torre Pacheco”.