Cinco meses después de su aprobación en el Consejo de Ministros, el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública está seriamente amenazado tanto por su escasa calidad técnico-jurídica como por la creencia de que puede favorecer el fraude y el blanqueo de capitales, que es precisamente lo que se supone que busca perseguir. Tal es el rechazo concitado, que el Gobierno se está planteando seriamente no seguir adelante con su tramitación. Además, a la retahíla de rechazos tanto desde numerosos organismos consultivos como desde principales sectores afectados, principalmente el notariado, se suma la certeza de que no contará con los apoyos parlamentarios. Al no del PP y Vox se suma un rechazo contundente de Junts: "Ni esta ni ninguna", insisten fuentes independentistas en declaraciones a este periódico. Este anteproyecto es un plan normativo impulsado al calor del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción que Moncloa promovió tras los cinco días de reflexión del presidente del Gobierno en abril de 2024 y muy especialmente tras la caída en desgracia de Santos Cerdán, ex número dos del PSOE. Impulsado por el Ministerio de Hacienda en los tiempos de María Jesús Montero, el proyecto es ambicioso: contiene 84 medidas para prevenir, detectar y sancionar la corrupción, para lo que modifica 18 normativas vigentes e incluye la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública. A diferencia de otras ocasiones, y dado que en aquel entonces el Ejecutivo pensaba que contaría con los apoyos de sus socios de investidura, el Gobierno decidió impulsarlo como anteproyecto de ley, lo que supone que, una vez aprobado en Consejo de Ministros, debe ser analizado por los organismos consultivos. En otras ocasiones, Sánchez impulsa leyes vía proposición de ley para no tener que enfrentarse a los informes preceptivos de los organismos consultivos. Por ejemplo, la Ley de Amnistía (sobre la que nunca se ha pronunciado el Consejo de Estado) o la llamada Ley Begoña, que pretendía eliminar la acción popular con efectos retroactivos. Tal y como explicaron a este periódico distintas fuentes jurídicas y policiales, el plan del Gobierno desactiva el sistema más eficaz de prevención del blanqueo, al prever sustituir la escritura pública ante notario por un contrato privado para la transmisión de participaciones sociales, lo que evitaría el control por parte del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales. El Ejecutivo prevé sustituir la escritura pública, con control notarial, por un contrato privado para la transmisión de participaciones sociales que, después, se presente al Registro Mercantil. Este relevante cambio en la normativa afecta directamente a la forma en la que jueces, fiscales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado acceden a información clave para investigar delitos económicos. TE PUEDE INTERESAR Precisamente en este sentido alerta el Consejo General del Notariado, preocupado por su labor en la prevención del fraude y del blanqueo de capitales. Por ello, una vez aprobado el anteproyecto, advirtieron del efecto pernicioso de las medidas que afectan al régimen regulatorio de las sociedades de responsabilidad limitada, a la transmisión de participaciones sociales y a la atribución de efectos constitutivos a su inscripción registral. Fraudes y litigiosidad Especialmente significativo fue el informe de la Comisión General de Codificación, dependiente del Ministerio de Justicia, que considera que el texto elaborado por el Ministerio de Hacienda arrastra "graves errores de concepciones básicas y de técnica legislativa", lo que puede provocar un "indeseable" aumento de la litigiosidad en los tribunales y fraudes, entre otros problemas. Según el informe, de 16 páginas y adelantado por este periódico, en su actual redacción el anteproyecto "impide absolutamente" llevar a cabo las reformas que prevé tanto del Código de Comercio como del Reglamento del Registro Mercantil y de la Ley de Sociedades de Capital. "Los problemas de interpretación ocasionarán un previsible, y siempre indeseable, aumento de la litigiosidad" "En caso contrario, muchos y graves serían los problemas de interpretación de tan deficiente normativa, que ocasionará un previsible, y siempre indeseable, aumento de la litigiosidad ante los Tribunales de Justicia", señala este organismo, que también alerta de los fraudes, el aumento de los costes para las sociedades de responsabilidad limitada y un "injustificado beneficio" para los registradores mercantiles que deberán calificar cada una de las transmisiones. Dos críticas más del CGPJ Tampoco fueron buenas las críticas del Consejo General del Poder Judicial, que a las críticas anteriores suma dos nuevas. La primera tiene que ver con la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública adscrita al Ministerio de Hacienda. El problema, subraya el máximo órgano de gobierno de jueces y magistrados, es que carece de la "independencia necesaria". El motivo principal tiene que ver con la forma de designación de la presidencia de este organismo -mayoría simple en el Congreso- que "no ofrece una garantía suficientemente robusta de la independencia". En cualquier caso, en Moncloa saben que si finalmente decidieran lanzarse a continuar con la tramitación, no será porque haya opciones de que vea la luz, sino por un ánimo de colocar su ley anticorrupción en el debate. A pesar de las críticas cosechadas desde todos los puntos cardinales, incluidos organismos del propio Ministerio de Justicia que encabeza Bolaños. Cinco meses después de su aprobación en el Consejo de Ministros, el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública está seriamente amenazado tanto por su escasa calidad técnico-jurídica como por la creencia de que puede favorecer el fraude y el blanqueo de capitales, que es precisamente lo que se supone que busca perseguir. Tal es el rechazo concitado, que el Gobierno se está planteando seriamente no seguir adelante con su tramitación. Además, a la retahíla de rechazos tanto desde numerosos organismos consultivos como desde principales sectores afectados, principalmente el notariado, se suma la certeza de que no contará con los apoyos parlamentarios. Al no del PP y Vox se suma un rechazo contundente de Junts: "Ni esta ni ninguna", insisten fuentes independentistas en declaraciones a este periódico.