La Comisión Europea avisa de que España solo ha logrado “avances limitados” en sus reformas para luchar contra la corrupción y que el plan aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez aún no se ha implementado. En su informe sobre el cumplimiento en 2025 del Estado de derecho de la Unión Europea hecho publico este viernes, el Ejecutivo comunitario señala que España no ha logrado fortalecer las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones patrimoniales de los altos cargos, pese a la aprobación del Plan Estatal Anticorrupción y a la tramitación de la futura Ley Orgánica de Integridad Pública. Así, Bruselas reclama a España que acelere las reformas para fortalecer los mecanismos de prevención y control de la corrupción y garantizar la independencia del organismo encargado de supervisarlos. También que garantice la independencia y la eficacia de las facultades de detección y sanción del organismo supervisor competente. Mientras, Bruselas ve un “progreso significativo” en el refuerzo del estatuto del Fiscal General y destaca que España ha fortalecido el acceso a la información con la nueva ley de secretos oficiales.La evaluación anual a la que los técnicos de la Comisión Europea someten a los 27 Estados miembros de la UE llega un año después de que el Ejecutivo presentara su plan de lucha contra la corrupción, un paquete de 15 medidas en materia de prevención, castigo y reparación del daño causado, como la creación de una agencia independiente de Integridad Pública, el refuerzo de la protección de los denunciantes, nuevas herramientas para vigilar la contratación pública y un endurecimiento de las sanciones, que Sánchez anunció en pleno terremoto por los escándalos de corrupción que afectaban al exministro José Luis Ábalos y al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. La Comisión reconoce en su informe esa regulación, pero destaca que todavía no ha tenido un reflejo práctico. En realidad, la mayoría está bloqueada hasta la aprobación por el Congreso de la ley orgánica que las recoge.El Ejecutivo comunitario señala también que la “aplicación práctica” de la normativa actual vigente para combatir la corrupción “no ha mejorado”. Por ello, recomienda impulsar la tramitación de la ley para reforzar el régimen de conflictos de intereses y de declaraciones patrimoniales de los altos cargos, así como garantizar la independencia y la eficacia del organismo responsable de detectar e imponer sanciones.La advertencia llega en un momento de gran tensión política por los casos de corrupción que han marcado la legislatura, días después de la condena al hermano del presidente del Gobierno a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación y cuando su esposa, Begoña Gómez, está procesada por la justicia. El Gobierno afronta así el desgaste derivado de las investigaciones que afectan al caso Koldo y a personas de su entorno, mientras que el Partido Popular sigue arrastrando el impacto de grandes causas de corrupción como el caso Kitchen y mantiene otros frentes judiciales en administraciones gobernadas por el partido. Aunque el informe no hace referencia específica a estos casos, sí insiste en reforzar precisamente los mecanismos institucionales para prevenir conflictos de intereses, aumentar la transparencia y garantizar la independencia de los órganos de control.La recomendación sobre el plan anticorrupción forma parte de una evaluación más amplia del Estado de derecho en España. Bruselas constata que la mayoría de las reformas pendientes han avanzado, pero siguen sin completarse. Entre ellas, insta a culminar la reforma del sistema de elección de los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial conforme a los estándares europeos, aprobar los cambios para reforzar la independencia de la Fiscalía General del Estado separando el mandato del fiscal general del ciclo político, agilizar las investigaciones y los procedimientos por corrupción de alto nivel y sacar adelante la ley que regulará por primera vez la actividad de los grupos de interés mediante un registro obligatorio de lobistas.Relación entre jueces y políticosOtro frente abierto citado por Bruselas es el deterioro de las relaciones entre el poder judicial y el poder político, la Comisión constata que jueces y juristas “continúan expresando preocupación por las declaraciones públicas de políticos que critican decisiones judiciales”, una inquietud compartida por el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial, las asociaciones de jueces y el propio Tribunal Constitucional. Pero los técnicos comunitarios apuntan, no obstante, que el fenómeno tiene también su reverso: algunos jueces han dirigido críticas contra políticos, y varios de esos casos están siendo tramitados por la Comisión Disciplinaria del CGPJ. Citando los estándares europeos, la Comisión recuerda que si bien criticar las resoluciones judiciales es parte normal del debate democrático, los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar críticas que erosionen la independencia o la confianza pública en la judicatura, y reclama “respeto mutuo” entre todos los poderes del Estado.La Comisión insiste en que varias reformas consideradas clave para reforzar la calidad institucional siguen pendientes de culminarse. En el caso de la lucha contra la corrupción, el mensaje es que las iniciativas legislativas impulsadas por el Gobierno aún no se han traducido en un fortalecimiento efectivo de los mecanismos de control sobre los altos cargos.El informe no es uniformemente negativo con España. Bruselas valora un “progreso significativo”: el refuerzo del estatuto del Fiscal General, con una reforma que separaría su mandato del ciclo político del Gobierno y que se tramita actualmente en el Congreso, y el fortalecimiento del acceso a la información pública a través de la nueva Ley de Secretos Oficiales, llamada a sustituir a la norma vigente desde 1968. La Comisión reconoce además que el país ha iniciado el proceso legislativo para crear una Autoridad Independiente de Integridad Pública, el organismo que aspira a asumir precisamente las funciones de supervisión y sanción cuya falta de independencia reclama el propio informe.Fuentes del Ministerio de Justicia destacan que el informe valora la agenda reformista emprendida por el Gobierno “para mejorar la calidad” del servicio y que “destaca los buenos resultados que ya está reflejando la implementación de la Ley de Eficiencia”. Las mismas fuentes subrayan el reconocimiento a la creación de 500 plazas de jueces y 200 de fiscales. Se trata de “la mayor ampliación de la plantilla judicial y fiscal de la historia”, apuntan las mismas fuentes, que aseguran que la Comisión se hace eco de los esfuerzos en digitalización, la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal y una mejora en “la percepción de los españoles sobre la independencia judicial” con respecto a informes anteriores, en la media de los países europeos. La situación de España se enmarca en una fotografía muy desigual del resto de la Unión. Bruselas reserva sus advertencias más severas para países como Eslovaquia, donde el informe constata un “deterioro agudo” en la capacidad para detectar, investigar y perseguir la corrupción de alto nivel, con un descenso pronunciado en el número de casos abiertos; o Hungría y Bulgaria, a los que reclama directamente “establecer un historial sólido” de investigaciones y condenas firmes en casos de gran corrupción, algo que ninguno de los dos ha logrado demostrar hasta ahora. España comparte recomendación —en términos casi idénticos— con países como República Checa, Malta, Italia o Austria, a los que la Comisión pide igualmente reforzar sus normas sobre conflictos de interés y declaraciones patrimoniales de altos cargos, en lo que Bruselas describe como una de las asignaturas pendientes más extendidas entre los Veintisiete.España ocupa una posición intermedia en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International, la fuente que cita el propio informe comunitario. Con 55 puntos sobre 100 (un punto menos que el año anterior), el país se sitúa en el puesto 49 de 182 a nivel mundial y en el puesto 17 de los 27 socios comunitarios, por detrás de Portugal y Eslovenia, pero por delante de Italia y Polonia. Lejos quedan tanto el grupo de cabeza —Dinamarca y Finlandia, por encima de 80 puntos— como los países peor valorados de la Unión, con Bulgaria y Hungría en el entorno de los 40 puntos.