Bruselas ha lanzado este viernes varios tirones de orejas sobre España, y lo ha hecho en el informe anual sobre la situación del estado de derecho: el país tiene todavía muchos deberes por hacer. Por ejemplo, una de las prioridades con las que el Gobierno todavía no cumple es en la lucha contra la corrupción entre los altos cargos, en un contexto marcado por la entrada en prisión de figuras como José Luis Ábalos o Santos Cerdán, y con casos abiertos como el que implica al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Si bien la revisión del Ejecutivo comunitario admite que España ha hecho un esfuerzo por aumentar el personal y reformar el Código Procesal Penal para agilizar las causas, los procesos judiciales siguen siendo excesivamente largos. La advertencia europea es nítida: los retrasos en las investigaciones y juicios contra grandes casos de corrupción deben reducirse drásticamente para que la justicia sea efectiva y no llegue tarde.Donde el informe es especialmente crítico es en el ámbito de los conflictos de intereses. Bruselas califica el progreso en esta área como "limitado", y al mismo tiempo lanza una advertencia: aunque se han presentado leyes que la Comisión considera ambiciosas, como la de Integridad Pública, la aplicación práctica de las normas actuales no ha mejorado. La Comisión Europea reclama al Gobierno de Sánchez que dote de verdadera independencia y poderes de sanción al organismo supervisor, asegurando que existan herramientas reales para detectar y castigar cualquier irregularidad patrimonial de los altos cargos.Otro de los avisos más recurrentes tiene que ver con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En este sentido, el Ejecutivo comunitario señala que, aunque el Gobierno ha buscado la guía de expertos internacionales como la Comisión de Venecia para reformar el sistema de elección de los jueces, la realidad es que el consenso político sigue sin aparecer, recalca el informe para el caso español. Para Bruselas, no basta con tener una hoja de ruta; es imperativo adoptar una reforma que garantice la independencia total del órgano de gobierno de los jueces, siguiendo los estándares europeos para evitar cualquier sospecha de politización.En cuanto a la Fiscalía General, la Comisión Europea reconoce en el informe un "progreso significativo" en el fortalecimiento de su estatuto. Es cierto que se valora positivamente que se esté discutiendo en el Congreso una reforma para separar el mandato del Fiscal General de la duración de la legislatura, pero, no obstante, la Comisión recuerda que esta medida aún no es una realidad legal y urge a completar el trámite parlamentario para asegurar que la fiscalía pueda actuar con total autonomía y sin interferencias políticas directas.¿Y qué pasa con los grupos de interés? La regulación de los lobbies es otra asignatura pendiente para el Gobierno de Pedro Sánchez, recuerda Bruselas. Y es que España aún no ha terminado de aprobar la ley que crearía un registro público y obligatorio de estas organizaciones. Bruselas lamenta que la normativa lleve tiempo atascada en el Parlamento y recuerda que la transparencia en las relaciones entre los grupos de presión y los legisladores es fundamental para evitar influencias indebidas en la creación de las leyes que afectan a todos los ciudadanos.La nota más alta para el país llega en el capítulo de la transparencia y el acceso a la información. La Comisión celebra como un "progreso significativo" la reforma de la anticuada Ley de Secretos Oficiales. El informe anima al Gobierno a culminar este proceso junto con la nueva Ley de Administración Abierta, lo que permitiría a los ciudadanos y a la prensa acceder de forma más sencilla a documentos oficiales, alineando finalmente a España con los estándares de transparencia más avanzados de Europa.Un 'estado' general de la UE más que aceptableHay más optimismo en lo que se refiere al panorama general de la UE. Uno de los grandes hitos mencionados es la entrada en vigor de la nueva Directiva contra la Corrupción en mayo de 2026, que obliga a los Estados a ser más contundentes contra el soborno y el desvío de fondos. Sin embargo, la Comisión avisa que no sirve de nada tener leyes modernas si luego no hay sentencias firmes en los tribunales. Bruselas monitorizará muy de cerca que las investigaciones anticorrupción lleguen hasta el final, especialmente cuando afecten a esferas de poder."El estado de derecho genera confianza. Confianza entre los ciudadanos. Confianza en las empresas. Es lo que hace de Europa el mejor y más seguro lugar para vivir e invertir. El informe de este año muestra un progreso positivo y constante en muchos Estados miembros", reaccionó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para quien este análisis por países -y general- "se ha convertido en un punto de referencia que contribuye a dar forma a los debates nacionales e impulsar reformas en toda la UE".La libertad de prensa también ha sido una prioridad este año gracias a la Ley Europea de Libertad de Medios. La UE está presionando para que las televisiones públicas sean independientes y para que se ponga fin al acoso judicial contra periodistas mediante las llamadas "demandas SLAPP". El objetivo es crear un entorno seguro donde los reporteros puedan investigar casos de corrupción sin miedo a represalias legales abusivas que busquen arruinarlos o silenciarlos.Además, el informe de este año introduce una novedad clave: la salud democrática de un país afectará directamente a su bolsillo. Bruselas ha propuesto que el cumplimiento de estas recomendaciones sea un requisito fundamental para recibir los fondos de la UE en los nuevos planes nacionales. Esto significa que el Estado de derecho ya no es solo una cuestión de valores, sino una condición económica indispensable; si un país no tiene jueces independientes o no combate la corrupción, sus presupuestos podrían verse en peligro."Reafirmamos una verdad fundamental: el estado de derecho es la base de una Europa justa, democrática y próspera. Mantiene el poder bajo control, protege los derechos fundamentales y ofrece a los ciudadanos y a las empresas la seguridad que necesitan para prosperar. Al salvaguardar el estado de derecho, fortalecemos las democracias, fomentamos la confianza en nuestras instituciones y contribuimos a garantizar una Europa más justa y resiliente para las generaciones venideras", concluyó por su parte el comisario de Justicia, Michael McGrath.