El Congreso ha aprobado este miércoles el paquete de medidas laborales y de Seguridad Social con las que el Gobierno ha intentado atenuar el impacto de los graves incendios de este verano. El Consejo de Ministros aprobó las ayudas el 29 de julio, con motivo del gran incendio que asoló Madrid y Ávila, el de más extensión en España desde que hay registros. Al hacerlo en forma de real decreto-ley, el proyecto exigía convalidación parlamentaria para no decaer. Gracias al voto favorable de casi todos los diputados (solo Vox ha votado en contra, frente a 312 síes), las medidas seguirán aplicando hasta diciembre en caso de graves incendios, ya fuera de la temporada estival, pero no se extenderán más allá de 2026. Para ello, el Gobierno tendría que aprobar un nuevo decreto-ley.La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho sobre el incendio que motivó el decreto-ley que “los efectos sobre las personas y la economía fueron enormes”. “No se limitaron a las pérdidas económicas ni a la suspensión de la actividad productiva. Hubo evacuaciones obligatorias”, ha recordado Díaz. Los trabajadores afectados por los incendios tenían (y tienen, si se da un incendio parecido en adelante) derecho a suspender su contrato de trabajo y solicitar una prestación extraordinaria por emergencia extrema, un concepto de nueva creación y que paga el Servicio Público de Empleo Estatal. Esa prestación empieza el día en que se suspende del contrato, no se exige período de cotización mínimo (ni consume cotizaciones previas) y la duración se limita a un máximo de cuatro meses. Asimismo, también se contemplan ayudas para los autónomos. Los que cesen total o parcialmente su trabajo y cuenten con la cobertura por cese de actividad, pueden solicitar una prestación extraordinaria sin necesidad de acreditar fuerza mayor. Además, las empresas con expediente de regulación de empleo temporal derivado de los incendios tienen derecho a una exención del 100% de su aportación a la Seguridad Social respecto a las cuotas de agosto a noviembre de 2026.Díaz ha dicho en su intervención en el Congreso que “el papel de los poderes públicos no puede se puede limitar a adoptar medidas preventivas o paliativas, debe servir también para hacer pedagogía, para explicar lo que está pasando”, en referencia a la amenaza del cambio climático.Esta nueva regulación, que decae con el fin de 2026, se suma a otras medidas adoptadas en los últimos años frente a catástrofes climáticas. España cuenta ya con un permiso climático de cuatro días para los trabajadores que no pueden desplazarse a sus puestos por una emergencia y con la obligación de adaptar o modificar la jornada, como se recoge en el Estatuto de los Trabajadores. Este permiso climático fue aprobado en noviembre de 2024 tras la trágica Dana que sufrió Valencia en octubre de ese año, que acabó con la vida de 229 personas y arrasó con buena parte del tejido productivo de la zona.