El Gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros un real decreto ley para ampliar la protección de los trabajadores y las empresas afectados por los incendios que se extienden estos días por distintos puntos del país. La norma, impulsada por el Ministerio de Trabajo y negociada durante el fin de semana con los agentes sociales y las comunidades autónomas afectadas, constituye una prestación extraordinaria que nace como una respuesta temporal a la emergencia actual y permitirá cubrir situaciones que hasta ahora no estaban contempladas, como la de trabajadores que no pueden acudir a su puesto porque han sido evacuados, han perdido su vivienda o carecen de servicios básicos. El Ministerio de Trabajo asumirá desde el primer día el coste de la inactividad (salario y cotización) derivada de esta emergencia climática, según han explicado fuentes ministeriales. Hasta ahora, la legislación establecía que los primeros cuatro días del permiso por causas climáticas debían ser asumidos por las empresas. Con el nuevo modelo, el Estado cubrirá las prestaciones correspondientes y las compañías no tendrán que afrontar los costes salariales y de cotización asociados a ese periodo. Los trabajadores, por su parte, mantendrán la protección y las cotizaciones correspondientes. Además, la norma ampliará los permisos por fallecimiento, añadiendo cinco días a los ya contemplados por la legislación para estos casos. Aunque los detalles del decreto todavía se siguen negociando, se contempla que la norma cubra cualquier situación en la que la emergencia climática no haya afectado directamente al centro de trabajo, pero impida al empleado acudir a su puesto por las circunstancias provocadas por la catástrofe. Es el caso, por ejemplo, de una persona que ha perdido su vivienda, se encuentra alojada en un pabellón municipal o carece de servicios básicos por los cortes de suministro. En estos casos, la imposibilidad de trabajar no deriva de una enfermedad o de un accidente laboral. Los incendios de Madrid, Ávila y Toledo han obligado a evacuar y confinar a decenas de municipios. Entre las tres regiones, ya están afectadas 77.000 hectáreas y hay alrededor de 90.000 evacuados o confinados. Solo en Ávila, son 50.000 hectáreas, lo que lo convierte en el mayor incendio y “el más agresivo” de la historia de España. Ante este escenario, la imposibilidad de trabajar puede producirse aunque la empresa siga operativa, pues miles de personas no tienen acceso a su vivienda y no tienen medios para desplazarse. El nuevo mecanismo busca cubrir precisamente estos casos y escenarios similares que puedan ocurrir durante este verano debido a emergencias climáticas. De esta forma, la pérdida de la vivienda, la evacuación del municipio o la falta de condiciones básicas para desarrollar la vida cotidiana serán motivos para suspender temporalmente la actividad laboral sin que el trabajador pierda su protección.La nueva regulación se suma a otras medidas adoptadas en los últimos años. España cuenta ya con un permiso climático de cuatro días para los trabajadores que no pueden desplazarse a sus puestos por una emergencia y con la obligación de adaptar o modificar la jornada, como se recoge en el Estatuto de los Trabajadores. Este permiso climático fue aprobado mediante Real Decreto en noviembre de 2024 tras la trágica Dana que sufrió Valencia en octubre de ese año, que acabó con la vida de 229 personas y arrasó con buena parte del tejido productivo de la zona. La legislación también establece la negociación colectiva de protocolos de actuación ante riesgos medioambientales y reconoce derechos específicos a los representantes de los trabajadores en esta materia.El texto que aprobará mañana el Consejo de Ministros tiene carácter coyuntural y responde, según las fuentes, a la necesidad de actuar con rapidez ante las emergencias actuales. Sin embargo, defienden que la norma debería incorporarse de forma permanente al sistema de protección social, pues España se enfrentará en los próximos años a episodios climáticos extremos similares a los que vive a día de hoy.