Leer resumen
Un juez de Guaviare ordenó al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y al Ejército colombiano abstenerse de ejecutar bombardeos contra grupos armados cuando exista información sobre la presencia de menores reclutados. La decisión surgió tras una acción de tutela presentada por Roxemhberg Rozo Sánchez y establece medidas para reforzar la protección de niños y adolescentes durante las operaciones militares.
La orden judicial exige al Ministerio de Defensa, Ejército, Fuerza Aeroespacial e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) informar, en un plazo de 48 horas, cuáles son los protocolos que permitan identificar menores, verificar datos sobre reclutamiento forzado, evaluar riesgos para la población civil y garantizar medidas diferenciadas de protección infantil. El caso tomó fuerza después de una operación en Guaviare que dejó 10 integrantes de las disidencias de las FARC muertos, entre ellos tres adolescentes: dos de 15 años y uno de 16.
La administración de De la Espriella sostuvo que los menores fallecidos formaban parte de estructuras armadas y, por esa razón, constituían un “blanco legítimo”. El Ejecutivo defendió así las acciones de la Fuerza Pública frente a las organizaciones ilegales que operan en distintas zonas del país.
