Análisis Exclusivo suscriptores Los criminales utilizan a menores como ‘escudos humanos’ contra operaciones del Estado. Juez ordenó medida cautelar regional.El presidente Abelardo De La Esperilla y la nueva cúpula militar entregan resultados del tercer bombardeo. Foto: CortesíaPERIODISTA JUDICIAL05.09.2026 21:19 Actualizado: 06.09.2026 07:49 05.09.2026 21:19 Actualizado: 06.09.2026 07:49

Tres bombardeos, 36 disidentes y ‘elenos’ abatidos, en apenas un mes del nuevo gobierno. Los resultados en materia de seguridad de Abelardo De La Espriella, quien el mismo día de su posesión trasladó a los capos del ‘tarimazo’ y prometió dar de baja a los más temidos cabecillas de los grupos armados, han tenido en la utilización de las llamadas ‘operaciones tipo Beta’ uno de sus puntos más visibles.Entre las bajas de los grupos criminales había seis menores de edad. Y aunque es claro que la responsabilidad por esas muertes recae en los grupos armados que reclutaron forzadamente a los menores, en el país se reactivó el debate sobre el uso de bombardeos aun cuando no exista plena certeza de que en el sitio no haya menores. Incluso, en una polémica decisión que ya está en revisión de instancias superiores, una jueza ordenó la suspensión cautelar de esas acciones en los casos en los que la inteligencia no brinde información clara sobre las personas que podrían ser afectadas por la acción militar.En el papel, la decisión provisional suena consecuente con la protección de una población que históricamente ha sido golpeada por el conflicto en el país: los niños, niñas y adolescentes forzados a unirse a los grupos armados que mandan en sus territorios.Alias El Tigre, el cabecilla de 'Mordisco' que murió en bombardeo. Foto:CortesíaYa en el terreno, las cosas no se ven tan claras. Por un lado, según las normas del derecho internacional humanitario, esos menores de edad que hacen parte activa y operativa de los grupos armados son blanco legítimo para la Fuerza Pública, que en todo caso adoptó hace años protocolos para tratar de minimizar al máximo ese riesgo. Por el otro, la decisión política del pasado gobierno de suspender los bombardeos alegando la supuesta protección de la vida de los menores terminó generando el efecto contrario, pues precisamente para blindarse de la fuerza del Estado, capos como ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’ han intensificado el reclutamiento de niñas y niños, especialmente en comunidades indígenas.Los usan como escudos humanos y como carne de cañón en los combates contra la Fuerza Pública y contra otras organizaciones ilegales, tal cual lo hicieron en el pasado los máximos jefes de las Farc y los ‘paras’ y lo siguen haciendo los del Eln en el Chocó y otras regiones del país. Datos de la Defensoría del Pueblo hablan de 1.171 casos de reclutamiento entre 2024 y 2026. Según cifras oficiales, entre enero y mayo de este año las denuncias aumentaron un 146 por ciento. Solo en el Cauca, en la última semana, hubo 40.En el gobierno pasado, que no obstante su discurso inicial terminó acudiendo a los bombardeos para tratar de contener la ofensiva criminal, hubo 62 menores de edad que murieron en estas operaciones, 20 más que durante el gobierno Duque. En ambos gobiernos, los entonces ministros de Defensa, Guillermo Botero y Pedro Sánchez, fueron citados a mociones de censura para responder políticamente por estos hechos.El bombardeo se dio en Catatumbo contra el Eln. Foto:CortesíaDe La Espriella se enfrenta ahora a este mismo reto. Su primer mes ha tenido uno de los mejores arranques en resultados operacionales de la última década. Ordenó tres bombardeos: uno contra estructuras del Eln en el Catatumbo; otro contra las disidencias de alias Calarcá, en Guaviare, y un tercero contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’. El saldo de cuatro menores de edad muertos, sin embargo, llevó a una decisión de una jueza de tutela que, como medida cautelar, ordenó restringir los bombardeos en zonas en las que no exista certeza de que no hay menores de edad víctimas de reclutamiento.El debate jurídicoLegalmente, como comandante en jefe de las Fuerzas Militares, el Presidente de la República no tiene limitantes más allá de las normas básicas del DIH a la hora de autorizar una ‘operación tipo Beta’: no afectar a población no combatiente, usar la fuerza de manera proporcional frente a la amenaza o la importancia del objetivo militar y restringir al mínimo los daños colaterales. El uso de inteligencia para tratar de establecer con la máxima certeza la presencia de civiles o de menores reclutados en los campamentos que serán bombardeados es una práctica frecuente, pero no una obligación legal formal.Bombardeo de las FF. MM. al Eln en Catatumbo. Foto:FF. MM.Guillermo Ospina Morales, magíster en Seguridad Internacional de la Universidad de Sussex y profesor asociado de la Universidad de San Buenaventura, dice que las operaciones militares deben cumplir los principios del derecho internacional humanitario, particularmente el de distinción, pero que también se deben tener en cuenta el principio de humanidad y la protección de los menores.El experto señaló que uno de los problemas que enfrentó el gobierno Petro fue que la decisión de no atacar campamentos en los que hubiera indicios de presencia de menores terminó generando una especie de “incentivo perverso” para los grupos armados.“Si se adoptaba una política de no atacar cuando hubiera indicios de menores, se les daba un incentivo y una ventaja a estos grupos armados”, explicó Ospina, quien recordó que las cifras de reclutamiento infantil han venido en ascenso en los últimos años. LEA TAMBIÉN El Estado ha sido reiterativo en que la responsabilidad por el reclutamiento forzado y las situaciones que de él se deriven recae sobre los grupos ilegales. “Debemos ser claros. La utilización de menores de edad en el conflicto constituye un crimen de guerra y una grave infracción del derecho internacional humanitario. Es clara la responsabilidad de los grupos armados narcoterroristas que infringen no solo el Estatuto de la Corte Penal Internacional, sino la normativa nacional, que establece como tipo penal el reclutamiento ilícito, de acuerdo con la Ley 599 del Código Penal colombiano”, dijo el ministro de Defensa, el general retirado Jorge Mora. El gobierno De La Espriella tendrá, además, la tarea de combatir de manera efectiva el reclutamiento, un frente en el que el pasado gobierno también perdió la batalla, según reciente informe de Human Rights Watch.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.