NoticiaDespacho ordenó suspender temporalmente las operaciones aéreas cuando exista información que permita advertir la presencia de menores en campamentos.Alias El Tigre, el cabecilla de 'Mordisco' que murió en bombardeo. Foto: CortesíaSUBEDITOR DE JUSTICA05.09.2026 13:14 Actualizado: 05.09.2026 16:16
Una nueva decisión judicial puso límites a los bombardeos de las Fuerzas Militares cuando exista riesgo de que menores reclutados por grupos armados puedan resultar afectados. Esta vez fue el Juzgado Tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare el que ordenó suspender temporalmente este tipo de operaciones en ese departamento, una determinación que se suma a la adoptada esta semana por un juzgado de Bogotá y que abre un nuevo frente jurídico alrededor de la ofensiva militar desplegada por el Gobierno contra las organizaciones armadas.La decisión fue adoptada dentro de una acción de tutela presentada por Roxemhberg Rozo Sánchez, quien actúa como agente oficioso de niños y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado. El recurso fue directed contra la Presidencia de la República y varias entidades del Estado por la presunta amenaza o vulneración de derechos fundamentales de los menores en el Guaviare.Como medida provisional, el juez Jhoan Aguilera Martínez ordenó al presidente Abelardo De La Espriella, en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Defensa y a las autoridades militares competentes la “suspensión temporal (mientras se resuelve de fondo la acción de tutela) de bombardeos a objetivos militares” contra cualquier grupo armado ilegal ubicado en el Guaviare, pero estableció una condición específica: la restricción opera cuando exista información de inteligencia, una alerta preventiva u otro elemento objetivo que permita advertir razonablemente la posible presencia de niños o adolescentes que puedan resultar afectados en su vida o integridad física.Bombardeo en Guaviare. Foto:CortesíaEl alcance de la providencia resulta relevante porque el despacho no estableció una prohibición general de los bombardeos ni cuestionó, de entrada, la legitimidad de las operaciones ofensivas de la Fuerza Pública. Por el contrario, reconoció que esas acciones hacen parte de las funciones constitucionales de las Fuerzas Militares, pero consideró necesario imponer temporalmente una salvaguarda cuando exista información sobre una posible presencia de menores reclutados.De hecho, el propio juez dejó esa precisión consignada en el auto: “La ponderación efectuada en esta etapa no supone afirmar que toda operación militar deba suspenderse ni que la presencia eventual de menores haga ilícita, por sí misma, cualquier operación”. Según el despacho, la finalidad es impedir temporalmente aquellas operaciones comprendidas por la medida mientras se establece si las autoridades cuentan con mecanismos suficientes para prevenir afectaciones contra la población civil y, especialmente, contra menores de edad.El bombardeo se dio en Catatumbo contra el Eln. Foto:CortesíaUno de los antecedentes que tuvo en cuenta el juzgado fue precisamente la reciente ofensiva militar desarrollada en el Guaviare. En el documento se menciona la denominada Operación Amón, ejecutada el pasado 27 de agosto en zona rural de El Retorno, en la que se confirmó la muerte de tres menores que hacían parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), estructura de las disidencias de las Farc liderada por alias Calarcá. También hizo referencia a nuevas operaciones anunciadas por el Gobierno contra estructuras de alias ‘Iván Mordisco’.Para el despacho, esos antecedentes impiden considerar como una simple hipótesis el riesgo de que menores reclutados puedan morir durante ataques contra objetivos militares legítimos. “No se trata de una mera suposición, o hipótesis infundada, la posibilidad de que bombardeos en contra de blancos legítimos (…) llegaren a causar la muerte de niños o adolescentes víctimas de reclutamiento forzado”, señaló el juez.En sus consideraciones, el despacho señaló que necesita conocer “cuáles son los protocolos empleados para la identificación y verificación de objetivos, qué mecanismos se utilizan para establecer la eventual presencia de población civil y menores de edad, cómo se valoran las Alertas Tempranas, qué medidas de precaución se adoptan”, entre otros elementos que serán analizados antes de adoptar una decisión definitiva.Bombardeo de las FF. MM. al Eln en Catatumbo. Foto:FF. MM.El despacho reconoció incluso las dificultades prácticas para que una orden judicial de esta naturaleza sea cumplida por organizaciones ilegales. “Este despacho tiene claro que el reclutamiento ilegal de menores no se soluciona con un simple exhorto dirigido a los líderes de las estructuras armadas al margen de la ley”, señaló. Y agregó que es consciente de que esas organizaciones “muy seguramente no acatarán una decisión de tutela”, pero consideró que esa posibilidad no puede impedir que un juez adopte medidas encaminadas a proteger derechos fundamentales.Por ahora, se trata de una medida provisional y no de una sentencia definitiva sobre la legalidad de la estrategia militar del Gobierno. El propio juzgado enfatizó que la suspensión es “excepcional, temporal y preventiva” y permanecerá mientras se adelanta el análisis integral de la tutela. La discusión de fondo será ahora determinar hasta dónde puede avanzar la ofensiva aérea contra estructuras armadas cuando la inteligencia advierta que entre sus filas podrían encontrarse menores reclutados.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
