La muerte de tres adolescentes durante una operación contra disidencias de las FARC llevó a la justicia a exigir nuevos protocolos para identificar a niños reclutados y evaluar los riesgos antes de los ataques en Colombia.

El Estado tiene la obligación de salvar a esos niños y de perseguir sin tregua a quienes se los llevaron. Las dos cosas.

Carolina Restrepo Cañavera cuestionó las decisiones judiciales que ordenan suspender operaciones aéreas ante la presencia de menores.