Alternativa para Alemania (AfD) ha ganado las elecciones federales con un 36% de los votos. La ultraderecha es, con mucha diferencia, el partido más votado del país. La formación, fundada en 2013 al calor de la crisis de deuda en la Eurozona, no tiene suficientes escaños para gobernar en solitario, pero se ha convertido en imprescindible para formar un ejecutivo en la mayor economía europea.
Los conservadores de la CDU-CSU están en segundo lugar, pero muy lejos de AfD. Los democristianos, en estado de shock, hacen frente a un dilema: probar un inverosímil gobierno cuatripartito con socialdemócratas, verdes y poscomunistas (la prensa bautiza la fórmula como Coalición Zimbabue-Ghana por la cantidad de colores de los cuatro partidos involucrados) o abrirse a negociar con la ultraderecha una coalición gobernante con una cómoda mayoría parlamentaria. La democracia cristiana alemana está entre la espada y la pared.
La segunda opción tiene además un serio inconveniente: como partido más votado, AfD tiene derecho a exigir que su candidata, Alice Weidel, se convierta en la futura canciller federal. Weidel lo pone además más difícil, exigiendo a los conservadores “una disculpa pública al pueblo alemán” por haber dejado entrar solicitantes de asilo e inmigrantes al país. La ultraderecha se siente más cerca que nunca de su objetivo real: destruir la democracia cristiana, alcanzar la hegemonía política, tener la mayoría absoluta para gobernar en solitario y transformar a su gusto el Estado alemán.
