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A contraluzLejos de facilitar la transparencia, el gobierno de Arévalo obstaculiza la fiscalización.
En más de una ocasión, el presidente Arévalo se había manifestado a favor de la gestión transparente y la eficiencia del gasto público porque, afirmaba, son aspectos imprescindibles del desarrollo nacional. En esa línea, Jonathan Menkos, cuando era diputado y luego ministro de Finanzas, también resaltaba la importancia de fortalecer la probidad, combatir la corrupción y prevenir delitos en las contrataciones públicas al identificar quién se beneficiaba de los fondos del Estado.
Pero las palabras se las lleva el viento. Desde el 21 de julio pasado, el portal Guatecompras pasó de ser un espacio que ofrecía la posibilidad de fiscalizar las contrataciones del Estado a ser un sitio censurado. Paradójicamente, el gobierno de la integridad impuso filtros que dificultan seguir el rastro de los proveedores, oferentes, representantes legales, contratos y adjudicaciones. Las preguntas obligadas son ¿por qué limitan el acceso a la información pública? ¿Tiene que ver la censura a la cercanía del año electoral? ¿A qué intereses sirve esta disposición que contradice la política del gobierno?
