La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) manifestó este martes 1 de septiembre “su preocupación ante las recientes restricciones impuestas en los portales digitales del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), en particular sobre plataformas clave para la fiscalización ciudadana como Guatecompras”.
Esto lo indicó luego de que Guatecompras dejara de mostrar la base de datos de contribuyentes y restringiera la consulta de los proveedores del Estado, con el propósito de hacer más eficiente el uso del portal y ante las quejas de algunas personas por la publicidad de sus datos, pese a que no tenían relación con las compras públicas, según explicó en agosto recién pasado Carlos Melgar, viceministro de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado.
En ese sentido, la APG añadió que “el acceso a la información sobre el uso y destino de los fondos del Estado no es una concesión, ni un privilegio, sino un derecho garantizado por el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala (Ley de Emisión del Pensamiento) y la Ley de Acceso a la Información Pública (Decreto 57-2008)”.
Según la APG, toda medida administrativa que restrinja o limite la búsqueda y verificación de datos referentes a contrataciones, proveedores e inversión estatal constituye una censura indirecta a la labor periodística y a la auditoría social indispensable en una democracia.
