Todas las críticas recibidas en las últimas semanas hicieron que al final Pedro Sánchez variara un poco, no demasiado, su postura sobre las relaciones con Marruecos. En su comparecencia del jueves en el Congreso, el presidente no se movió de una posición que le ha supuesto un fuerte desgaste político y que ha tenido el rechazo no ya de la oposición, sino de sus socios en el Gobierno y el Parlamento. Con un matiz sobre el futuro. Su Gobierno mantiene la necesidad de tener buenas relaciones con Marruecos, “pero es evidente que, después de lo ocurrido, esa cooperación tiene que ser diferente”.
Sánchez dio por probado que la Gendarmería marroquí “permitió el cruce de la frontera” durante diez horas del 30 de julio. Contra lo que ha aparecido en un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif), de la Policía, aún desconoce los motivos de esa actitud: “Si hubo incapacidad o inacción, tiene que aclararse”. En su réplica final, incidió en la misma idea. “Lo sucedido estos días tendrá consecuencias”. ¿Cuáles? No concretó nada.
Por primera vez, Sánchez aceptó que el Gobierno marroquí tiene muchas respuestas que dar sobre su conducta durante esos días. Hasta ahora, se había limitado a elogiar la colaboración prestada a partir de la mañana del 31 de julio al permitir sin problemas el regreso del 90% de los que habían entrado en Ceuta. Sorprendió al anunciar que el 21 de agosto se convocó en Exteriores al encargado de negocios de la embajada marroquí para comunicarle la protesta por unas declaraciones de su ministro de Justicia sobre la soberanía española de Ceuta y Melilla. En una decisión que podría incluirse entre los errores cometidos por el Gobierno en esta crisis, la reunión se había mantenido en secreto.
