Hacerse cargo del estado de ánimo de una opinión pública enfurecida con Marruecos sin provocar un choque diplomático de consecuencias imprevisibles. Ese es el difícil juego de equilibrios que intentó desplegar este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que compareció en el Congreso para dar explicaciones sobre la crisis de Ceuta. Después de un mes marcado por la gestión tardía del flujo migratorio que permanece en la ciudad autónoma y por un discurso centrado en el reconocimiento sin matices a la “cooperación” marroquí, el líder del Ejecutivo quiso ajustar, aunque fuera sutilmente, su estrategia política. Primero, para trasladar su “empatía” a una sociedad ceutí hastiada y al borde del colapso, pero también para mandar un mensaje de mayor firmeza sobre los ataques a la soberanía española.
La gran pregunta era si el informe policial filtrado a principios de semana, que señalaba a gendarmes marroquíes como partícipes de la operación masiva de paso de la frontera basándose en vídeos difundidos por redes sociales, provocaría un golpe de timón en la Moncloa. Y la respuesta llegó pronto, porque Sánchez se encargó de sellar cualquier rendija que diera pie a un conflicto con el país vecino.
