Pedro Sánchez compareció ayer ante el Congreso para­ informar sobre la gestión hecha por el Gobierno que preside de los hechos acontecidos en Ceuta el 30 de julio, cuando más de 70.000 personas procedentes de Marruecos entraron irregularmente en España, y también sobre la tensa situación actual en la ciudad autónoma.El pleno de ayer se esperaba con expectación, porque el presidente no había dado todavía una explicación formal y satisfactoria de lo ocurrido, pese a las reiteradas críticas de la oposición por el manejo de esta crisis, que sorprendió al Gobierno, que se ha afrontado sin la diligencia ni un aporte óptimo de personal y medios, y que ha acabado adquiriendo una dimensión más allá del ámbito migratorio, para adentrarse en el social y el político, con repercusión tanto en el Ejecutivo como en la escena española y global.Cabe destacar dos elementos de la sesión de ayer. Por una parte, que no arrojó mucha luz sobre los interrogantes que planean todavía sobre esta grave crisis. A falta de eso Sánchez se escudó en la ideología, ensalzando el respeto a la ley y a los derechos humanos que profesa su partido. Pero seguimos sin saber qué pasa con Marruecos.Por otra parte, la sesión reflejó la soledad del Gobierno exonerando a Marruecos de responsabilidad en la avalancha sobre Ceuta. Esta es una cuestión todavía abierta. Hay un extendido consenso sobre que un asalto como el que nos ocupa es inviable sin la colaboración activa o pasiva de Rabat. Las imágenes contenidas en el informe policial desvelado esta semana por un diario digital muestran a funcionarios marroquíes ante camiones cargados de inmigrantes, dando instrucciones, vídeos que ya recogieron los medios de comunicación. Pero, según sostiene el Gobierno, las pruebas hasta ahora disponibles no permiten afirmar sin reservas que Marruecos organizó y alentó el asalto.El pleno del Congreso no aportó mucha luz sobre lo sucedido y evidenció la soledad del GobiernoSánchez se agarró a este hecho y reclamó prudencia, que dijo que no estaría reñida con la contundencia si llegaran a obtenerse pruebas irrefutables. Dijo también, invitando a los ciudadanos a juzgar por sí mismos, que desvelará todos esos informes, algo ciertamente infrecuente (y que no complació a la ministra de Defensa, departamento al que está adscrito orgánicamente el CNI). Asimismo, Sánchez desveló que el 21 de agosto la embajadora de Marruecos en España fue llamada a consultas.Por su parte, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP y de la oposición, cargó duramente contra Sánchez –“dimita, por incompetente o por cómplice”, le requirió–, dando a entender que su actuación tendría consecuencias no solo políticas y electorales sino también judiciales. E insinuó que el presidente era rehén de Marruecos, en cuyo poder obrarían grabaciones comprometedoras que no detalló.Fue significativo observar cómo el PP, que hasta ahora había mantenido una posición cautelosa ante las hipotéticas responsabilidades marroquíes, dio ayer por hecho que todo obedecía a un plan de Rabat e invitó a actuar con la mayor firmeza. Es decir, asumió una posición beligerante con el reino alauita, cuya defensa, si llegara a la Moncloa, sería quizás más comprometida. El líder conservador, que en el último mes ha visitado Ceuta tres veces, parece cómodo explotando el filón de esta crisis, para erosionar al Gobierno y para ganarle terreno a Vox en materia de inmigración.Todos los partidos, salvo el PSOE, atribuyeron responsabilidades por lo ocurrido a MarruecosLa soledad de Sánchez a la que aludíamos más arriba fue prácticamente completa en lo relativo a presentar Marruecos como un socio incapaz de traicionar a España. No consideraron tal cosa Sumar ni ERC ni el PNV ni otros partidos que han secundado a menudo al Gobierno. Obviamente, el margen de maniobra del Ejecutivo ante esta cuestión no es el mismo que el de las fuerzas de la oposición, o incluso de otras que pasan por ser más afines.El Gobierno debe gestionar mejor esta crisis, tanto en los medios que aporta a Ceuta como en la agilidad para resolverla cuanto antes. Pero también debe ser muy claro sobre la participación o no de Marruecos y, en función de eso, tomar medidas en consecuencia. España debe comportarse con toda la firmeza que el caso requiera. A nadie, ni siquiera a los que más gesticulan, le interesa un conflicto armado entre España y Marruecos como los que ya hubo mediado el siglo XIX o a inicios del XX, pero tampoco es posible actuar con complacencia si se ha atacado la integridad territorial española por parte del país vecino, ya que esa actitud solo favorecería una imagen de debilidad que podría abonar que los instigadores del asalto fueran más allá en el futuro.