Colombia comienza a conocer la verdadera dimensión del deterioro dejado por el Gobierno de Gustavo Petro. El diagnóstico presentado por la administración de Abelardo De La Espriella revela una diferencia cercana a los 60 billones de pesos entre el presupuesto que recibió el nuevo Gobierno y las obligaciones reales que debe asumir el Estado.No se trata de una cifra menor ni de un simple desfase contable. Según el informe, el anterior Gobierno habría subestimadocompromisos por 37 billones de pesos en deuda, 10 billones destinados al Fondo de Estabilización de los Combustibles, 7 billones para pensiones, 4,5 billones en salarios de funcionarios, 2 billones en el sector salud y 1 billón correspondiente a las universidades públicas.La suma evidencia una práctica peligrosa: presentar un panorama fiscal artificialmente favorable mientras se trasladan las obligaciones al Gobierno siguiente. Así, el país recibe una economía debilitada, un presupuesto insuficiente y una serie de compromisos que no pueden aplazarse sin afectar servicios esenciales, acreedores, trabajadores y millones de ciudadanos.La nueva administración enfrenta ahora una disyuntiva difícil. Para comenzar a corregir el desequilibrio, tendría que aplicar un recorte severo del gasto estatal, cercano a los 40 billones de pesos. Sin embargo, un ajuste de esa magnitud no puede improvisarse ni reducirse a anuncios aislados. Se necesita un plan integral para todo el cuatrienio, con prioridades claras, transparencia en las cuentas y decisiones que eliminen el despilfarro sin castigar a los sectores más vulnerables.El problema no se resuelve únicamente aumentando impuestos o recurriendo a más endeudamiento. Colombia necesita recuperar la confianza, ordenar sus finanzas y revisar programas, contratos y estructuras burocráticas que crecieron sin una fuente sostenible de financiación. Cada peso debe dirigirse a atender necesidades reales, no a sostener el proyecto político de una administración que convirtió el gasto en propaganda.Ante la gravedad de la situación, el Gobierno podría explorar dos caminos. El primero sería buscar asistencia económica de Estados Unidos a cambio de una cooperación más estrecha en seguridad, especialmente en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. El segundo consistiría en acudir al Fondo Monetario Internacional, una alternativa que implicaría someter las finanzas públicas a condiciones estrictas y recuperar la disciplina fiscal perdida.Cualquiera de las dos opciones tendría costos políticos y económicos. Pero el costo de no hacer nada sería mayor. La deuda, el déficit y las obligaciones ocultas no desaparecen por negar su existencia. Tarde o temprano terminan afectando el empleo, la inversión, los servicios públicos y el bolsillo de los colombianos.La llamada “paz total”, el crecimiento descontrolado del aparato estatal y la improvisación económica dejaron un país más vulnerable. La nueva administración no solo debe gobernar: debe limpiar las cuentas, revelar toda la verdad fiscal y desmontar una estructura de privilegios construida durante cuatro años.Colombia necesita recuperar la responsabilidad, la austeridad y el sentido de Estado. La magnitud del problema exige menos ideología, menos espectáculo y más decisiones. El país no puede seguir pagando las consecuencias de una gestión que confundió gobernar con gastar y transformar con destruir.