Un informe de 135 páginas, titulado El libro de la verdad, ha abierto un nuevo frente entre el Gobierno de Abelardo de la Espriella y la oposición de izquierdas en Colombia. El presidente lo presentó el martes ante la Fiscalía para que se investigue a la Administración de su antecesor, Gustavo Petro, por supuestas irregularidades. “La sociedad colombiana se siente zaherida por la altanera corrupción que se registró durante los años en que el régimen anterior estuvo en el poder”, escribe el mandatario en una provocadora carta de presentación, pese a que solo 23 de los 82 casos hacen referencia a posibles casos de corrupción. La oposición ha respondido que las denuncias no incluyen pruebas y que una gran parte son diferencias ideológicas, más que irregularidades. “No son delito”, ha asegurado el expresidente Petro.El libro es la culminación de una transición muy tensa, sin precedentes en la historia reciente del país. Tras la segunda vuelta del 21 de junio, el mandatario saliente se negó a reconocer la legitimidad de su sucesor, pese a dar vía libre a la entrega del poder. De la Espriella insistió en llamar “empalme anticorrupción” a los diálogos entre ambas administraciones, mientras que uno de sus aliados y antiguo copartidario de Petro, Carlos Alonso Lucio, comentaba en entrevistas que el mandatario saliente podía terminar preso y ser extraditado a Estados Unidos. Las conversaciones, entonces, se rompieron a los pocos días de empezar. El Gobierno entrante se centró en estudiar los ministerios desde afuera, con el apoyo de la Contraloría, y hacer denuncias públicas. El saliente publicó informes y respondió algunas acusaciones en redes sociales. De la Espriella presentó el libro como una compilación de los hallazgos de su equipo durante los 47 días de transición y los primeros en el Gobierno. “Estoy cumpliendo con la responsabilidad que me corresponde al reunir la información y no permitir que los hechos queden sepultados por el silencio y la impunidad”, dijo, antes de aclarar que su función le obliga a “llevar la verdad hasta la puerta de la justicia y detenerse allí”. Pidió a los jefes de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, presentes en el acto del martes, que determinen si los hechos denunciados constituyen delitos o, al menos, faltas disciplinarias. Los tres posaron con el informe y prometieron investigar, sin ir más allá. “Su contenido, señor presidente, no lo dude, será objeto de evaluación técnica y jurídica”, aseguró la fiscal general, Luz Adriana Camargo. Los casos más graves hacen referencia a supuestos indicios de corrupción. Un ejemplo son las modificaciones que tuvo un proceso de contratación por 165.000 millones de pesos (unos 54 millones de dólares) en el Fenoge, un fondo para financiar proyectos de energías renovables. “Alteraron las condiciones inicialmente previstas para la evaluación de las ofertas”, señala el texto, que menciona que la Procuraduría ya abrió una investigación disciplinaria el 3 de agosto y suspendió al director ejecutivo del fondo. Otro, mencionado en una sección de cartas de los ministros sobre sus sectores, es el de supuestas concesiones irregulares de notarías. “Se investigan denuncias de sobornos de hasta 1.000 millones de pesos por plaza”, señala el ministro de Justicia, Iván Cancino. La mayor parte de las denuncias, 59 de 82, son críticas a políticas públicas o posibles errores de gestión. Una de ellas es “el uso desmedido de contratos de prestación de servicios”, en referencia a una “nómina paralela” de unas 900.000 personas cada año, una realidad del Estado colombiano que cada presidente promete reducir o erradicar, sin lograrlo. “El abuso de las plantas paralelas cuesta billones de pesos que deberían destinarse a inversiones más estratégicas, como escuelas, hospitales y otra infraestructura pública”, apunta el libro. También se menciona el desfinanciamiento de Colombia Mayor, un programa de subsidios para adultos sin pensión. “Agotó en julio de 2026 el presupuesto asignado para todo el año”, denuncia el Gobierno, que cuestiona la ampliación de la cobertura sin tener ingresos asegurados para costearla. Uno de los puntos más llamativos es una crítica a la eliminación del requisito de un segundo idioma para los diplomáticos. El vicepresidente, José Manuel Restrepo, justificó el miércoles la decisión de mezclar la corrupción con las críticas a políticas públicas. “No necesariamente todos son actos sujetos de investigación por parte de la Fiscalía, pero son actos que no representan un buen manejo de la cosa pública”, dijo en Blu Radio. Según él, todos los casos “son graves” y por eso están en el libro. Ilustró su argumento con los altos niveles de deuda. “Refleja un muy mal manejo de las finanzas públicas y eso tiene que ponerse de presente. Estamos en medio de una emergencia [por el terremoto del pasado 10 de agosto] y necesitamos por lo menos 30 billones de pesos para recuperar esos territorios, pero no hay espacio para endeudarse”, alegó. El documento, enfatizó, es el primero de varios tomos.La respuesta de la oposiciónPetro se ha centrado en los casos vinculados a diferencias ideológicas, sin mencionar los del apartado de corrupción. “Se trata de 23 hechos [82, en realidad] que son políticas públicas que hemos defendido”, argumentó en X. Recordó que el derechista Federico Gutiérrez hizo algo similar cuando asumió la Alcaldía de Medellín en 2023 y que hasta ahora no hay condenas en los casos denunciados. Sin embargo, insinuó que puede haber aciertos. “Cada ministro y ministra debe responder de inmediato cada punto. En dónde haya algún delito su merecido es la pena”, dijo.Sus aliados centraron sus críticas en aspectos concretos. El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda se refirió al apartado que cuestiona los avances limitados en la entrega de tierras a campesinos. “Se busca restituir las tierras a los amigos despojadores, narcotraficantes y paramilitares. La verdad es que De la Espriella y su círculo quieren impulsar la contrarreforma agraria”, declaró en X, sin mayores detalles. Carlos Carrillo, exdirector de la UNGRD, calificó el libro como “un panfleto de refritos y de declaraciones políticas”. “Hubo corrupción [en la Administración de Petro] y los responsables deben pagar, pero este showcito es para desviar la atención de lo mal que está arrancando el nuevo Gobierno”, comentó. El debate por la estrategiaCarlos Augusto Chacón, director del Instituto de Ciencia Política, señala que “sería un error” desacreditar los hallazgos por la mezcla de contenidos. “No todo lo grave que puede hacer un Gobierno es corrupción. Endeudar irresponsablemente al país o expandir estructuras burocráticas puede tener enormes consecuencias sin constituir un delito”, comenta en un intercambio de mensajes. Para él, De la Espriella acierta en “establecer una ruptura clara (...) y negarse a normalizar lo que encontró”. “Sería profundamente equivocado referirnos a la polarización para descalificar las denuncias. Aquí no se trata de perseguir al Gobierno anterior; se trata de proteger el patrimonio público”, apunta. Espera que el libro sirva para “demostrar por qué Colombia necesita reducir el Estado”. “Cuanto más poder, presupuesto, burocracia y discrecionalidad concentra, mayores son las oportunidades para utilizarlo en beneficio de intereses particulares”, afirma.Max Yuri Gil, director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, tiene la visión opuesta. Cuestiona que el balance se presentara ante la Fiscalía, pues considera que convierte el libro en un caso de “judicialización de la política”. “Busca deslegitimar al adversario al presentarlo como una gran fuente de corrupción. No importa si es verdad o no, sino tender un manto de duda y replicarlo en las redes sociales”, señala en un intercambio de mensajes. También critica que De la Espriella se presente como alguien que lucha contra la corrupción cuando sus aliados incluyen a los Char, un clan señalado de un sinnúmero de prácticas corruptas en Barranquilla. “Me parece importante que haya investigaciones, pero esta es una narrativa de carácter político”, dice.