La iniciativa permite decretar un nuevo Estado de Excepción de hasta 240 días con poderes plenipotenciarios para el presidente, asunto que provocó descuelgues en el oficialismo y las críticas de la oposición y expertos constitucionalistas.Luego de recibir críticas de todo el espectro político, el Gobierno de José Antonio Kast le quitó la urgencia legislativa en el Congreso a su propuesta de reforma constitucional de seguridad, la que entre otras cosas le otorga plenos poderes al mandatario mediante un nuevo Estado de Excepción de hasta 240 días para restringir derechos básicos como la libertad personal, de desplazamiento y el derecho de reunión.La iniciativa, que forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y tiene como fin ampliar las herramientas del Estado para enfrentar el crimen organizado, establece también que el mandatario podrá aplicar dicho Estado de Excepción en zonas o barrios específicos, permite interceptar comunicaciones y documentos sin necesidad de la autorización de un juez, y amplía las facultades de las Fuerzas Armadas para intervenir en asuntos de seguridad pública, creando además una nómina oficial de organizaciones criminales y terroristas.PUBLICIDADSin embargo, al tratarse de una reforma constitucional, el proyecto requiere de un quórum de cuatro séptimos (29 votos) para su aprobación en el Senado, cuestión que se vuelve cuesta arriba tras el descuelgue de parlamentarios oficialistas que acusaron una falta de diálogo previo, y los reparos de la oposición en pleno y expertos constitucionalistas. La tarde de este lunes, el biministro del Interior, Claudio Alvarado, confirmó además que el Gobierno está abierto al diálogo y a introducir las modificaciones que el Congreso decida. “El propósito de retirar una urgencia o cambiar los tiempos de discusión de una iniciativa en el parlamento es el reflejo, la disposición y la voluntad del gobierno para escuchar, recibir las propuestas y tener un tiempo de análisis en el lugar que corresponde, que es el Congreso Nacional, para construir la mejor reforma en seguridad que podamos darnos como país”, aseguró.PUBLICIDADEn tanto, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, se reunió con el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Karim Bianchi, y acordaron darle prioridad a otros 30 proyectos de ley que también son parte de la ACOT como la llamada Ley Antibarricadas 2.0 y las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF).Al término de dicha cita, el senador Bianchi sostuvo que una reforma constitucional no era el camino para combatir el crimen organizado. “Para mí era no querer asumir un problema haciendo otro problema. Yo creo que el problema no está en la Constitución, está en la calle”, afirmó. PUBLICIDADEl ministro de Seguridad, Martín Arrau, confirmó que le darán prioridad a otros proyectos de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).Esta jornada, durante un acto de entrega de 26 nuevos vehículos a la Policía de Investigaciones (PDI), el presidente José Antonio Kast salió nuevamente al paso de las críticas a su reforma de seguridad y sostuvo que “¿si no hay respaldo legal, si no hay respaldo político, si no hay actitud, de qué sirven los vehículos? No sirven de nada”.“Tenemos que avanzar en esos temas también, junto con permitir que nuestra Constitución incorpore el concepto de la seguridad pública, pero de manera real, fuerte, contundente (...) Eso no quiere decir que queramos pasar a llevar algún derecho fundamental de las personas”, afirmó. PUBLICIDADDe acuerdo al mandatario, “una cosa es habilitar en la Constitución la seguridad pública, y otra es instalarla a través de una ley orgánica constitucional, que es lo que va a permitir llevar adelante esta reforma constitucional”.Al cierre, el Ejecutivo manifestó que el objetivo de la reforma constitucional de seguridad que impulsa su administración no es otro que devolver a Chile su puesto como “el país más seguro de América Latina”.