Por María José Rey y Sebastián Silva |
Santiago de Chile (EFE).- La reforma constitucional para combatir al crimen organizado propuesta por el presidente de Chile, José Antonio Kast, que le permitiría decretar discrecionalmente un estado de excepción por ocho meses y restringir derechos, alertó a todo el espectro político y especialistas que cuestionan la posible pérdida de libertades y un riesgo para la democracia.
Tras la aprobación de la controvertida megarreforma económica y tributaria, considerada su proyecto estrella, el Ejecutivo avanzó inmediatamente hacia esta polémica propuesta cuyos cuestionamientos pone en duda su aprobación en el Senado, tras su ingreso el pasado lunes.
«La reforma no es en ningún caso necesaria para combatir al crimen organizado y el terrorismo en Chile. No hay nada en la Constitución chilena que impida los objetivos que la agenda de seguridad del Gobierno plantea», dijo a EFE el abogado constitucionalista y director del Doctorado en Derecho de la Universidad Diego Portales, Javier Couso.
Fotografía de archivo del presidente de Chile, José Antonio Kast. EFE/ Federico Gutiérrez
