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El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció en cadena nacional el envío de una reforma constitucional para establecer, sin ambigüedad, que proteger la seguridad de los ciudadanos constituye un deber del Estado. La declaración, realizada la noche del miércoles desde el Palacio de La Moneda, sostiene que este cambio permitirá contar con un marco de acción más amplio y herramientas efectivas con el objetivo de combatir el crimen.
“Por primera vez, el Estado va a decir en su propia Constitución que proteger a su gente no es una opción más, sino una obligación. Será un mandato que ningún Gobierno, de ningún color, podrá desconocer”, afirmó el jefe de Estado en su alocución. La iniciativa forma parte de un paquete de más de 30 proyectos que el Ejecutivo denomina Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). Kast instruyó al ministro de Seguridad, Martín Arrau, para que coordine con el Legislativo la tramitación de las medidas y logre su despacho antes de Navidad.
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El mandatario también comunicó que instruyó un despliegue policial permanente en los 50 barrios más críticos del territorio nacional, con presencia de efectivos, patrullajes y tecnología. “Nuestras siete áreas de gestión no persiguen delitos aislados: persiguen organizaciones completas, en su liderazgo, en su territorio y en su dinero”, declaró.
