Existe una tendencia a suponer que la extrema derecha apuesta por la contracción inercial del Estado. Bajo esa premisa, reducir la permisología, recortar impuestos al capital y achicar el gasto público serían apenas la reactivación de un libreto conocido. Sin embargo, esa narrativa no explica todo lo que ocurre hoy en Chile. El Gobierno de José Antonio Kast no retira al Estado, lo reorienta. Desmantela su brazo de protección social mientras hipertrofia su aparato punitivo. La pregunta relevante no es cuánto Estado, sino a quién sirve y a quién castiga.Han existido diversos intentos por clasificar a Kast y al Partido Republicano. El politólogo Mudde los situó dentro de la derecha radical populista, definida por su tríada de nativismo, autoritarismo y populismo. Hay, sin embargo, un rasgo atípico frente al patrón europeo; su neoliberalismo radical no suele acompañar al nacionalismo excluyente. El historiador Forti llega a una conclusión similar, situándolos en lo que denomina “extrema derecha 2.0”, junto a otras derechas globales. Dudar de la etiqueta es quedarse en lo sincrónico —la ola global— y olvidar lo diacrónico, sus fuentes locales. Kast no es solo un caso de la extrema derecha global, es lo más añejo de la derecha chilena.La noche del 9 de julio de 1977, setenta y siete antorchas subieron la ladera del cerro Chacarillas, en un ritual rigurosamente planeado. Arriba, Pinochet leyó un discurso que Jaime Guzmán había escrito para él, y que fijaba la estrategia del proyecto gremialista, una democracia “autoritaria, protegida, integradora, tecnificada”. Protegida no de cualquier interlocutor, explicaría su autor dos años después: los adversarios podían gobernar, pero debían verse “constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría”; la cancha estaba diseñada para hacer casi imposible lo contrario. La interlocución seguía abierta, pero encerrada en límites institucionales que impidieran avanzar alternativas populares, incluso por la vía democrática. Para construir esa nueva república, Guzmán tendió puentes hacia dentro. La propia UDI fue siempre una alianza entre tecnócratas e integristas, unida por redes familiares y de clase. Pero también dinamitó otros, una parte del Partido Conservador y del mundo agrario que, de ethos hacendal, nunca aceptó esa ingeniería institucional, y quedó fuera. Kast no hereda esa tradición desde afuera. Su propia familia siempre contuvo ambos linajes; modernizador con su hermano Miguel, cofundador del gremialismo, y hacendal con un padre investigado, sin condena, por la represión en Paine. No es lo nuevo que promete la extrema derecha global, ni la simple continuidad de lo viejo. Es su reencuentro.Esa república guzmaniana fue defendida por la UDI. Pese a su respaldo irrestricto a la dictadura y a la justificación sistemática de las violaciones a los derechos humanos, se ajustó a un juego democrático de reglas pétreas que se inauguró con el Plebiscito. En 1990, fue el propio Guzmán quien decidió que la UDI diera los votos para que el democratacristiano Valdés presidiera el Senado. En 2003, en plena crisis de los sobresueldos del MOP, el presidente de la UDI, Longueira, negoció con Lagos el Acuerdo por la Modernización del Estado. Y en 2019, el senador Coloma, el último de los “coroneles” del gremialismo, selló con el entonces diputado Boric la fórmula final del Acuerdo por la Paz Social. A diferencia de 1990 y 2003, esa noche la derecha en el poder eligió entre la salida militar y la vía constituyente, y escogió la segunda. Ahí nace el hiato con Republicanos, que nunca se lo perdonaron ni a la UDI ni al pueblo que se movilizó.Ese acuerdo, sin embargo, no cerró la herida. Quienes apostaron por la democracia protegida se quedaron en la UDI; el ethos hacendal migró al partido que, con ironía, se llama Republicano. Uno que no firmó el acuerdo y que Kast no dudó en calificar de “ilegítimo” y de una “paz mentirosa”. Ese éxodo, el de quienes optaron por la revancha antes que la negociación, terminó desfondando a la UDI. Es el resurgir de un tronco que nunca desapareció del todo, el de la vieja derecha oligárquica, reactivada por el miedo de las clases altas a la revuelta popular y envalentonada por el Rechazo en 2022. Ese es el ethos que gobierna hoy. Sectores de la UDI han ofrecido fusionarse. Republicanos los rechazó. Aspira a reemplazarla, no a ser ella.La Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) traduce esa lógica en la cancelación de derechos, y en la negativa a negociarlos. En vez de una salida transversal a la crisis de seguridad, el Gobierno impuso su reforma donde necesita menos votos opositores. Inhabilita a los condenados por crimen organizado del acceso a derechos fundamentales hasta por 15 años tras cumplida la condena. Es, según el exministro del Interior Elizalde, “la reforma más expresamente iliberal” del Gobierno, consagrada de forma permanente para cualquier Gobierno futuro. La Constitución corre el riesgo de convertirse en un catálogo de exclusiones ciudadanas. La propia coalición de Gobierno cuestionó la reforma, con UDI y Evópoli reclamando la amplitud de facultades.Militariza, además, el orden interno, un regreso, no una novedad: así operaron las Fuerzas Armadas durante la dictadura, y antes el Ejecutivo, con las facultades extraordinarias que la Constitución de 1833 concedía en estados de sitio. Hoy se incorporan de forma estructural, no excepcional, al esquema de seguridad interior, lo que el constitucionalista Jordán describe como una mutación hacia la “seguridad pública militarizada”. Ni el propio Ejército está convencido. Su excomandante en jefe, Martínez, reconoció que los militares no están preparados para labores de seguridad pública. La facultad de interceptar comunicaciones sin autorización judicial, advirtió el constitucionalista Couso, “puede decir que está espiando a narcotraficantes. Pero puede aprovechar de espiar a periodistas o a políticos.” O, con la misma facilidad, a dirigentes sociales y sindicales. El panóptico se vuelve forma de Gobierno. Lo que está en riesgo no es una reforma más, es la democracia misma.Esa misma lógica patronal gobierna también el trabajo, control sin contrapesos sindicales. El Plan Laboral, con el trabajo por hora, la polifuncionalidad y la anualización de la jornada, disciplina sin negociar. La “permisología” que el Gobierno promete recortar cede rápido para atraer centros de datos e inteligencia artificial, como prometió Kast, pero no para proteger a quienes trabajan bajo el algoritmo, el capataz digital que controla y precariza sin descanso.Frente a esta ofensiva, no podemos replegarnos en la nostalgia ni en un discurso defensivo. Lo que está en juego es la construcción de un orden democrático futuro. La seguridad, en particular, es una demanda legítima de las mayorías trabajadoras, golpeadas por el abandono territorial y la violencia criminal. Se construye donde el Estado invierte, protege el trabajo y garantiza escuelas, hospitales y presencia territorial de calidad, reconociendo, no administrando, a quienes las habitan.El ACOT entrega un poder excesivo al Ejecutivo, el mismo manual de la nueva extrema derecha global, pero además salda cuentas propias, con quienes en 2019 osaron movilizarse, y con la derecha que Kast llama, sin disimulo, “derechita cobarde”. Guzmán calculó que había un límite entre el poder y la revancha. Kast fue más allá. Gobierna como si Chile fuera, todavía, el fundo que su tradición siempre imaginó, con patrones que el Estado sigue avalando, capataces republicanos que vigilan y castigan en su nombre, e inquilinos que obedecen sin chistar. Nuestra responsabilidad es oponernos a ese proyecto y construir, por fin, la alternativa nacional y popular que la república guzmaniana nunca permitió, la misma que en 2019 el país salió a exigir.