La propuesta del Gobierno de José Antonio Kast de crear un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública con fuertes restricciones a la ciudadanía, y que permite al presidente de la República decretarlo hasta 240 días sin pasar el Congreso, ha generado críticas transversales, al punto que el senador Luciano Cruz-Coke, presidente de Evópoli, un partido del oficialismo, dijo este domingo en La Tercera que “la reforma raya en lo iliberal”. Según ha señalado Kast este lunes en Radio Infinita, sin embargo, su reforma “no es iliberal”, pero es “un debate legítimo” el que se ha planteado. “Esta reforma a él [a Cruz-Coke] tal como está, no le gusta. Se puede cambiar (...) Toda ley puede sufrir cambios y para eso está el Poder Legislativo. No le veo mayor drama”, dijo Kast. Consultado si se considera iliberal, respondió: “Para nada. Si fuera iliberal, no estaría aquí [en la entrevista]. Hay otros presidentes que no eran iliberales pero no daban entrevistas en largo tiempo. Y yo creo que he sido distinto a otros presidentes que se dicen muy liberales, pero se molestaban con la prensa”.Kast presentó a comienzo de agosto su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), que contiene un paquete de propuestas legislativas, y sumó ocho reformas a la Constitución que envió al Senado. Entre ellas, la más controvertida, que genera críticas también en los profesores de Derecho, es su idea de agregar un quinto estado de excepción a la Ley de Leyes para amenazas graves a la seguridad pública, que le da un poder extremo a la figura presidencial pues lo puede decretar sin pasar por el Congreso, primero por 120 días y luego prorrogarlo por otros 120. Y, en adelante, seguir alargándolo, pero con el acuerdo del Parlamento. También estipula que el mandatario “podrá suspender o restringir la libertad personal y de locomoción y el derecho de reunión” y “restringir el ejercicio del derecho de asociación, interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones y disponer requisiciones de bienes”.Desde que el ministro de Seguridad, Martín Arrau, la envió al Senado, la reforma ha generado un amplio debate. El expresidente Gabriel Boric (2022-2026) dijo que era “un estado de sitio por 240 días” y “una limitación de libertades inédita en la democracia chilena”. Su excanciller, Alberto van Klaveren, agregó que, de aprobarse en el Congreso, provocará “un daño reputacional importante para Chile”. “Quedaríamos muy asociados a regímenes iliberales”, apuntó, y recordó que Kast ha señalado, que “no se consideraba iliberal”, lo que lo alegraba.Según Kast, la medida que proponen es para cuando haya “una zona tomada”. Puso como ejemplo lo ocurrido en junio de 2021, cuando el detective Luis Morales Balcazar fue abatido durante un operativo policial al interior de Temucuicui, en la Macrozona sur. “Balearon a una persona y tuvieron que replegarse fuerzas policiales ¿qué es lo que hay ahí? Cuando nosotros necesitamos intervenir una zona como esa y tenemos que saber dónde están los delincuentes, dónde están eventualmente los terroristas o aquellos que uno podría considerar que son parte de una organización criminal porque se dedican a venta de armas y robo de vehículos, esta es una fórmula acotada”.Ante la oleada de críticas que ha recibido su reforma, Kast dijo que “hoy es el Congreso el que tiene que hacer planteamientos”.Buena parte del debate a su propuesta se ha dado porque, de aprobarse la reforma, los presidentes de la República quedarían con un poder extremo, lo que ha abierto la pregunta respecto de qué pasaría si esas facultades quedaran en manos de otro mandatario. “La Constitución es un todo, no solamente un artículo, sino distintos que resguardan los derechos de las personas y dentro de ellos hay un recurso de amparo. Y existen poderes independientes, como el Poder Judicial y el Poder Legislativo; se pueden hacer comisiones investigadoras”, respondió Kast. “¿Usted cree que un Gobierno que cometa alguna irregularidad después no va a tener un control?. Yo creo que cualquier persona que pretenda dirigir el país tiene que ser muy responsable en las decisiones que va llevar adelante porque, acto seguido, viene una acusación constitucional; acto seguido, viene alguna acusación en tribunales".“Aquí no estamos en una nación que aspira a ser como aquellas que entraron en algún tipo de régimen autoritario después de generar convenciones constituyentes. Nosotros pasamos por una convención constituyente que casi nos lleva a eso, que se rechazó y yo fui parte de las personas que rechazaron”, dijo el mandatario en referencia al primero de los dos intentos fracasados en Chile por tener una nueva Constitución: el primero de la izquierda radical en 2022 y el segundo de la extrema derecha en 2023.“Yo sí creo que en autoridades fuertes cuando hay situaciones donde de restringen las libertades de las personas. ¿Por qué llegamos a esto? Porque hay personas que en Chile no tienen la posibilidad de vivir en libertad", agregó.Según Kast, existen muchas personas, como las que escuchaban la entrevista de este lunes, que “nunca han tenido que recurrir al gota a gota [préstamos informales que acaban en extorsiones] y nunca los han vacunado [la jerga que usa el Tren de Aragua para cobrar tributos a los comerciantes]. Entonces, el debate es muy de la elite. Pero vayamos a ayudar a las personas que sufren con el crimen organizado”.Ante las críticas de que no hubo suficiente trabajo prelegislativo antes de presentar la reforma, el mandatario dijo que “se hicieron todos los análisis ” y “se realizaron conversaciones con distintas fuerzas políticas. Y yo creo que hubo un trabajo real. Y lo más importante es que se han mostrado avances”. “Que se podría haber conversado más, siempre se puede conversar más. Pero ¿Se ha cerrado el debate? No se ha cerrado. Si eso es lo más tangible, no se ha cerrado el debate"También alabó el trabajo del ministro de Seguridad Martín Arrau: “Es impecable. Y eso lo reconocen todos los sectores”.